La polémica continúa luego que el Gobierno, en el acuerdo por el reajuste salarial del sector público, incluyera una norma que restringe el despido de funcionarios a contrata. Esto, a meses del cambio de Gobierno, que será encabezado por José Antonio Kast.
En específico, la norma dispone que la no renovación de contratas en el sector público deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con criterios objetivos y verificables, y no solo por necesidades genéricas del servicio.
Asimismo, habilita a funcionarios con al menos dos años continuos a reclamar ante la Contraloría por vicios de legalidad en estos procesos y establece una regulación específica para el personal de asesoría directa de altas autoridades, fijando reglas sobre su contratación, cese, número, remuneraciones y transparencia.
La oposición se mostró molesta. El presidente del Partido Republicano, de hecho, indicó en La Segunda que «si el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación». Habló incluso de que se estaría rompiendo «códigos que son fundamentales».
Más tarde habló el Presidente Electo, José Antonio Kast, quien aseguró que «si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide».
