La Contraloría General de la República (CGR) instruyó la apertura de un sumario administrativo tras confirmar que el jefe de asesores de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, tomó contacto con altas autoridades del Hospital del Salvador para informarles “anticipadamente” el arribo de la madre de la secretaria de Estado a ese recinto.
El organismo fiscalizador reveló que no existen antecedentes que justifiquen la “atención preferente” de esa paciente, en relación con otros usuarios del mismo hospital.
Sin ir más lejos, el ente de control estableció que el tiempo de espera de otras personas con un diagnóstico similar era de casi 41 horas. Incluso, hubo personas que llevaban hasta más de 123 horas aguardando por una cama básica.
A raíz de estas comunicaciones previas, al interior del hospital se establecieron “coordinaciones internas” entre la directora (s) del hospital, el jefe de Unidad de Emergencia y la enfermera del mismo departamento.
Según Contraloría, dicha intervención podría infringir el artículo 62 de la Ley N° 18.575. En simple, podría ir en contra del principio de probidad administrativa en la que un funcionario público no puede utilizar su tiempo de trabajo y/o personal para beneficio propio o ajenos a la institución.
