Hay partidos que se extinguen por falta de votos. Otros, por derrota. Y otros, quizá los más tristes, comienzan a desaparecer cuando dejan de saber qué ideas representan. Ese riesgo hoy ronda al Partido Liberal de Chile.
No porque se declare liberal. Tampoco porque haya querido incorporar la igualdad a su vocabulario. El problema es más profundo: el partido aún no logra formular, con la suficiente densidad ideológica, qué significa en Chile y en el siglo XXI ser liberal e igualitario a la vez. Y mientras esa definición no exista con claridad, seguiremos condenados a lo que hoy somos: una fuerza pequeña, frágil, de baja capacidad de convocatoria mayoritaria, de identidad parlamentaria inestable y de escasa gravitación en la discusión nacional.
La dificultad no es menor, y tampoco es nueva. El liberalismo ya vivió una primera gran época. Fue hegemónico en el siglo XIX porque ofreció una promesa poderosa: limitar el poder, proteger la propiedad, defender libertades civiles y crear un marco institucional para que el individuo pudiera desplegar su iniciativa sin la intromisión arbitraria del Estado. Pero ese liberalismo clásico operaba en sociedades restringidas, censitarias, oligárquicas. Era, en buena medida, la forma institucional por medio de la cual las élites consolidaban su autonomía y ordenaban la vida pública.
Ese liberalismo fue históricamente decisivo, pero políticamente insuficiente cuando cambió la escala de la historia.
Con la irrupción de las clases trabajadoras, la cuestión social, el sufragio ampliado y la política de masas, el liberalismo clásico empezó a vaciarse de contenido. Conservó instituciones valiosas, sí, pero dejó de ofrecer una respuesta integradora para sociedades que ya no podían pensarse solo desde la libertad negativa de quienes tenían propiedad, educación y posición. Fue ahí cuando otras doctrinas ocuparon el centro del escenario: el socialismo, los partidos obreros, la doctrina social de la Iglesia, los proyectos comunistas, las distintas fórmulas de organización popular. Mientras esas corrientes discutían trabajo, poder, redistribución, conflicto y cohesión social, el liberalismo muchas veces quedaba reducido a una defensa abstracta de libertades fundamentales, pero sin proyecto de mayorías.
Esa tensión no ha desaparecido. Solo cambió de forma.
El Partido Liberal de Chile ha intentado resolverla declarándose liberal igualitario. Pero demasiadas veces esa definición opera más como una intención que como una doctrina. Se invoca la igualdad, pero no se precisa con suficiente rigor qué igualdad defendemos, mediante qué instituciones queremos alcanzarla y en qué nos diferenciamos de quienes la entienden como una permanente inclinación de la balanza a favor del trabajo contra el capital. Y esa carencia no es menor, porque un partido que no logra pensar con claridad su idea de igualdad termina sin poder distinguirse de los proyectos que creen que esta surge del conflicto redistributivo permanente, de la sospecha hacia la empresa o de la erosión de las condiciones que permiten la inversión, el crecimiento y, en definitiva, la recaudación que financia derechos duraderos.
En el fondo, nuestro problema no es la libertad. Es la igualdad mal pensada.
Porque si el liberalismo igualitario no construye una teoría propia de la igualdad, queda subordinado, casi por inercia, a marcos ideológicos ajenos. Y allí aparece una de las grandes debilidades del partido en los últimos años: haber anclado sus decisiones, sus alianzas y hasta su imaginario político a una generación específica, obedeciendo muchas veces al marco relacional del líder de turno, más que a una reflexión doctrinaria autónoma. Esa estrategia pudo tener eficacia táctica. Permitió acceder al gobierno, ordenar lealtades, abrir espacios. Pero también tuvo un costo: subordinar nuestra comprensión de la igualdad a los repertorios de nuestros aliados generacionales. En ese sentido, la escisión del Frente Amplio fue muchas veces más gestual que real. Se cambió de ubicación, pero no se conquistó una independencia ideológica robusta.
Eso explica buena parte de nuestra fragilidad.
Porque la falta de densidad ideológica no solo se expresa en documentos mal resueltos o en debates internos incompletos. También se traduce en una práctica política inmadura. Una bancada sin doctrina clara es una bancada sin identidad. Un partido sin teoría del desarrollo es un partido sin jerarquía programática. Y una fuerza sin densidad intelectual tiende a caer, tarde o temprano, en la improvisación, el gesto, el voluntarismo o el populismo.
Por eso no puede sorprender que a veces nuestra acción pública adopte formas pueriles. No es un accidente. Es la expresión práctica de una inmadurez doctrinaria previa. No es raro ver a un parlamentario arrendando una retroexcavadora para abrir una zanja como si la política de seguridad y fronteras pudiera reducirse a una performance. Tampoco es extraño ver a otros pontificando con gravedad sobre variaciones inflacionarias (1,2 puntos porcentuales adicionales proyectado para este 2026) olvidando que buena parte del deterioro macroeconómico reciente (la inflación en Chile cerró 2019 en 3,0% y 2022 en 12,8%) tuvo como causa decisiones populistas que muchos celebraron o acompañaron, como el retiro de fondos previsionales. Un partido liberal serio no puede construir una identidad de responsabilidad si su conducta pública se mueve al ritmo del oportunismo comunicacional. La ciudadanía puede perdonar errores; lo que no perdona indefinidamente es la inconsistencia.
Ahora bien, si queremos salir de esta adolescencia política, es indispensable comprender que el vacío actual no se resuelve simplemente mirando hacia la izquierda. También exige diferenciarnos con nitidez de la derecha chilena y de su propio proyecto.
La derecha sí tuvo un proyecto político integral. Y eso hay que reconocerlo con honestidad intelectual. Jaime Guzmán logró articular una síntesis poderosa entre la subsidiariedad, el liberalismo económico de los Chicago Boys y la idea de una democracia protegida. Esa convergencia no era accidental: buscaba asegurar un orden económico de mercado, limitar la expansión del Estado y, al mismo tiempo, establecer un arreglo institucional que impidiera el regreso de proyectos marxistas o transformadores de signo similar. Allí hubo densidad, coherencia y voluntad de largo plazo. Hubo, en otras palabras, un proyecto.
Pero ese proyecto no es el nuestro.
No lo es porque la subsidiariedad, entendida en su versión más débil, deja al Estado confinado a un rol residual o transitorio: actúa solo allí donde los privados no pueden hacerlo. Y esa definición puede ser suficiente para defender un orden económico, pero no para construir igualdad de oportunidades real. Un Estado mínimo no alcanza para desplegar las máximas capacidades de las personas. No alcanza para corregir desigualdades de origen. No alcanza para sostener las compensaciones que exige una comunidad política que quiere ser libre, pero también legítima, integrada y cohesionada.
Esa es una diferencia central con la derecha. Nosotros no podemos aceptar una visión del Estado reducida a simple suplencia. Porque una sociedad verdaderamente liberal no es aquella que abandona a los individuos a su suerte en nombre de una competencia abstracta, sino aquella que crea las condiciones para que la competencia sea justa. Y eso requiere compensaciones.
La gratuidad en educación es una forma de compensación. La reforma previsional, bien entendida, es una forma de compensación. La salud pública robusta es una forma de compensación. Las políticas que corrigen desventajas de origen, que permiten continuidad de trayectorias vitales, que evitan que una enfermedad, una cuna desigual o una vejez precaria destruyan la autonomía personal, son formas de compensación. Y esas compensaciones no contradicen al liberalismo: lo actualizan para una sociedad de ciudadanos plenos.
Ese es, precisamente, el corazón del liberalismo igualitario: entender que las personas tienen proyectos de vida distintos, talentos distintos, trayectorias distintas y también infortunios distintos. Los resultados, por tanto, pueden ser desiguales. Pero el pacto social no puede ser indiferente a esa desigualdad de partida. Porque una comunidad política sana necesita legitimidad, necesita tejido social, necesita reciprocidad, necesita un mínimo de solidaridad institucionalizada. No para reemplazar la responsabilidad individual, sino para hacerla posible en serio.
Por eso también es importante despejar otro equívoco: nuestro camino no puede confundirse con el libertarianismo, que no es más que la peor simplificación de un liberalismo mal entendido. Cada vez que se niega al Estado en nombre de la libertad absoluta, lo que en verdad se niega es la posibilidad de construir las condiciones materiales, sociales e institucionales que vuelven reales las libertades. No se trata de volver al laissez-faire del siglo XIX ni de caer en fantasías de autoorganización espontánea para todo. Incluso Hayek, tan invocado por quienes apenas lo han hojeado, comprendió que la libertad necesita instituciones, reglas, orden jurídico y un Estado que resguarde las condiciones de funcionamiento del sistema social. Nuestro problema con el colectivismo no debe empujarnos a la caricatura libertaria. Nuestro desafío consiste en algo más difícil: construir una síntesis moderna entre instituciones liberales y un Estado eficaz.
Solo una economía vigorosa, asentada en la libre competencia, la protección de la propiedad, la protección de la propiedad industrial, las patentes, la innovación, las libertades civiles y económicas, puede generar la prosperidad suficiente para sostener un Estado capaz de financiar compensaciones duraderas. Y solo un Estado con musculatura, legitimidad y eficacia puede garantizar que esa prosperidad no derive en una sociedad fracturada, donde las libertades sean una prerrogativa de quienes nacieron mejor posicionados.
Ahí está la síntesis que el Partido Liberal todavía no termina de formular con coraje: el siglo XIX y el siglo XX valieron la pena. Del primero heredamos la limitación del poder y la centralidad de la persona. Del segundo, la evidencia de que sin compensaciones, sin institucionalidad social y sin Estado eficaz, la libertad se convierte en privilegio.
Ese debiera ser nuestro punto de partida.
Y para llegar ahí no basta con ajustar programas. Hay que replantear liderazgos. Hay que preguntarse, con honestidad, cuáles son hoy los referentes intelectuales del partido. Hay que buscar figuras inspiradoras que encarnen una política de adultez. En ese esfuerzo, nombres como Edgardo Boeninger resultan especialmente valiosos: un hombre laico, serio, articulador, capaz de comprender tempranamente que libertad e igualdad no debían ser enemigas, sino parte de una misma arquitectura republicana. Lo mismo puede decirse de figuras como Ricardo Lagos, que entendieron que modernización, cohesión social, autoridad institucional y crecimiento no son términos antagónicos, sino dimensiones que deben ser pensadas conjuntamente. Estos dos ejemplos, o bien otros que se escojan en un eventual congreso ideológico, deben forzar a nuestros representantes a estar a la altura.
Representantes adultos pueden atraer al voto adulto (el voto juvenil ya está capturado por nuestros aliados, dicho sea de paso).
Eso es lo que hoy se vuelve urgente: pasar de la adolescencia a la adultez. Desanclarnos generacionalmente allí donde sea necesario. Darle densidad ideológica a la igualdad. Construir un proyecto de desarrollo. Formular políticas públicas coherentes con una vocación de mayorías. Reemplazar el gesto por la doctrina, la performance por la responsabilidad, la liviandad por la madurez.
Porque, si no lo hacemos, la extinción del partido no será una metáfora. Será una consecuencia.
Henry Wachtendorff
Profesor de Economía.
Militante del movimiento del PL “Amplio Centro Liberal”.
Consejero Nacional electo del Partido Liberal de Chile.
