22:00 horas del 23 de octubre del 2019, y Paola Martínez junto a su sobrino, Mario Acuña (43), se dirigieron a la esquina de avenida Bajos de Matte con Pasaje el Olmo en la población Jorge Washington -ubicada en la comuna de Buin-, para participar de las manifestaciones por la revuelta social. Mario se paseaba de un lado a otro, tocando un pequeño tarro de lata, mientras tarareaba sus canciones favoritas. Estaba tranquilo. Sentía que nada malo podía pasar. Había niños y adultos mayores en el lugar.
Cerca de las 23:15 horas el furgón policial de patente Z-7076 de la 15º Comisaría de Buin llegó a la protesta, con luces y balizas apagadas, en dirección hacia el norte. De pronto, desde el interior dispararon perdigones hacia los vecinos, quienes corrieron despavoridos hacia sus casas.
Mientras el sonido de los perdigones se acercaba, Mario solo logró escabullirse en una oscura plazoleta del sector.
El furgón policial se detuvo y desde su interior descendieron cinco carabineros, tres de los cuales fueron directo hacia donde estaba él. Los funcionarios lo abordaron y golpearon con puños, pies y elementos contundentes hasta que lo derribaron.
Durante tres minutos recibió golpes en su cabeza y costillas, mientras los vecinos escuchaban los gritos de auxilio. La golpiza continuó hasta que perdió el conocimiento.
Mario Acuña Martínez, desde aquella noche, quedó completamente postrado en estado vegetal.
El 18 de mayo del 2020 el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por el delito de apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas en perjuicio de Mario Acuña. En el documento se explica que el furgón policial de la 15° Comisaría de Buin era tripulado por el capitán Juan Rosales, cabo 1ero Richard Quiroz, cabo 2do Henry Cuellar, y los carabineros Jonathan Neira, Antonio Lastra y Fabián Vergara.
Allí se indica que el capitán Juan Rosales fue quien disparó los perdigones con la escopeta que portaba, impactando a dos personas. Otros tres funcionarios activos de Carabineros alcanzaron a Mario en la plazoleta, golpeándolo, mientras él les suplicaba “sin pegar, sin pegar”.
«Se estableció luego en la investigación que los funcionarios que esa noche al interior de la plaza tuvieron contacto con la víctima fueron el cabo segundo Henry Cuellar, junto a los carabineros Jonathan Neira y Antonio Lastra”, se lee en la querella, declarada admisible el 20 de mayo.
El Consejo de Defensa del Estado solicitó como primera diligencia, las citaciones a declarar ante el Ministerio Público en calidad de imputados al capitán Juan Rosales Apablaza, cabo primero Richard Quiroz Muñoz, cabo segundo Henrry Cuellar Vega, y los funcionarios Jonatan Neira Chaparro, Antonio Lastra Marguito y Fabián Vergara Campos.
Durante la mañana del 15 de septiembre, compareció ante el fiscal Gamal Massú, el capitán Juan Rosales Apablaza, en la comuna de San Bernardo.
Agredidos «letalmente”
La declaración de Juan Rosales es un documento que contiene tres páginas, donde el capitán de Carabineros asegura que dispararon y actuaron con violencia pues fueron agredidos ‘letalmente’. Además, dice no identificar los nombres de los policías que golpearon a Mario Acuña en la plazoleta, algo que para la defensa del agredido evidencia un claro pacto de silencio.
“A las 23:00 horas estábamos de servicio de contingencia en el Z-7076 junto a la patrulla, conductor cabo primero Richard Quiroz, acompañante cabo segundo Henry Cuellar, carabinero Víctor Lastra, carabinero Jonathan Neira y carabinero Fabián Vergara (…) Ante distintos llamados radiales telefónicos y de Cenco por alteraciones graves al orden público, ya que habían barricadas (…) Al estar más cerca del pasaje Los Olmos nos comienzan a lanzar diferentes objetos contundentes, piedras y palos”, comienza diciendo Rosales en su declaración.
El capitán de Carabineros continuó su relato y explicó que, al ver la integridad física del equipo en riesgo y dificultad para salir del lugar, se bajó del vehículo con el cabo primero Richard Quiroz y avanzaron hacia el interior del pasaje Los Olmos, en donde usó la escopeta calibre 12 mm antidisturbios, con munición de goma no letal, con el fin de repeler agresiones potencialmente letales.
Según el funcionario, usó el arma en tan solo dos oportunidades. Sin embargo, vecinos del sector aseguran que la escopeta antidisturbios realizó más disparos.
Rosales le ordenó a Quiroz utilizar la carabina lanzagases. En todo momento, el capitán insiste en que fueron agredidos letalmente.
“El resto de los carabineros que me acompañaban en el carro ya estaban fuera del vehículo policial. Y de estos 4 funcionarios, uno de ellos estaba posicionado detrás del vehículo policial, y otros tres en la plazoleta ubicada en el lugar. Por táctica policial, yo siempre instruyó que un carabinero custodie el vehículo y cubra la retaguardia”, afirmó Juan Rosales.
Sin embargo, durante el interrogatorio Rosales confesó que aquella vez no tenía designado un funcionario para custodiar el furgón policial, y por eso desconoce el nombre del carabinero que estaba atrás del vehículo. Dice que solo vio a tres funcionarios en una plazoleta ayudando a un hombre que se pusiera de pie.
“Yo estaba distante a unos 10 metros de esa escena y veo que el caballero se logra poner de pie y de ahí posteriormente él cruza la calle Bajos de Matte, hacia el oriente y nosotros embarcamos el vehículo policial (…) Yo ordeno abordar el vehículo”, sostuvo el capitán.
Afirmó que desconoce los nombres de los carabineros que estaban en la plazoleta y que no los podría identificar. También reveló que no les preguntó a los funcionarios lo ocurrido en la plaza, puesto que solo atinó a consultarles si se encontraban bien, y que no observó el procedimiento que se llevó a cabo en el lugar.
Para Marlen Quintanilla, abogada querellante en la causa, la declaración del capitán Rosales Apablaza es molesta y no entrega mayor información de la que ya se tenía.
“No le creo. Se supone que cada personal a cargo de un procedimiento debiese saber quiénes van con él (…) Hay un pacto de silencio, por supuesto que sí. Ya hemos visto en otros casos pactos de silencio tácitos por parte de los funcionarios. Claramente se cubren las espaldas, guardan muchas cosas que no quieren que sepamos. Aquí hay algo raro, y lo vamos a descubrir como sea” afirma.
Para la abogada también hay otra arista preocupante: la ausencia de cámaras Go Pro durante el procedimiento policial en la población Jorge Washington que confesó Rosales.
“Si fuese obligación según sus protocolos, lo encuentro totalmente negligente y conveniente para los funcionarios policiales que justo esa noche no anduviesen con algún respaldo digital que acredite al menos los dichos por el capitán Rosales”, agrega la abogada querellante.
Sin embargo, y a pesar del evidente pacto de silencio entre el capitán y los carabineros del furgón policial Z-7076, el Consejo de Defensa del Estado logró identificar los responsables de la golpiza (el cabo segundo Henry Cuellar, junto a los carabineros Jonathan Neira y Antonio Lastra).
La querella del CDE también reveló las mentiras de otros funcionarios, demostrando el manto de protección que se despliega en la institución frente a este tipo de situaciones.
Por ejemplo, se citó a declarar al Teniente Juan Garrido Muñoz, instructor de la investigación administrativa sobre el caso, quien aseguró que la noche del 23 de octubre del 2019 recibieron una comunicación por equipo de radio, efectuada por el telefonista del servicio, alertando que en el lugar habían disturbios.
“Lo anterior se solicita para que dicho funcionario informe sobre los registros de respaldo de dicha alerta, atendido que según lo informado por la 15º Comisaría con fecha 13.01.20 Central Cenco no tiene antecedentes de dicha comunicación”, se explica en el documento, desmintiendo la versión del Teniente Juan Garrido, sobre la supuesta llamada de aquel día.
Mario Acuña hoy
Mariana San Martín, vocera de la familia de Mario Acuña relató a este medio que, a pesar de seguir postrado, Acuña ha presentado algunas mejorías. Cognitivamente, comprende lo que sucede a su alrededor, mueve su mano izquierda y ha logrado comunicarse a través de señas. Además ha ganado masa muscular y su ánimo está mucho mejor en comparación a meses anteriores.
Sin embargo, es enfática en señalar que solo gracias a los eventos que han realizado lograron ayudar económicamente a Mario y su familia, especialmente para costear su tratamiento médico, con una máquina de aspiración e insumos médicos.
En la población Jorge Washington se evidencia un temor muy fuerte. La gente evita hacer comentarios y apoyar a Mario, y no porque sean malas personas, sino por miedo, ya que recibieron muchas “visitas inesperadas”, para decirles lo que debían decir (sobre el caso) y eso los complica hasta hoy (…) Sabemos que es un proceso largo, pero aquí debe haber justicia-, afirma Mariana.
Otra de las preocupaciones de la parte querellante y de la familia de Mario Acuña, es la lentitud en la realización de diligencias, ya que, a un año de la golpiza, de los seis funcionarios citados a declarar sólo el capitán Juan Rosales ha comparecido ante el Ministerio Público.
«El caso está retrasado, ni siquiera se ha fijado audiencia de formalización, toda vez que existen diligencias pendientes y toma de declaración de los demás funcionarios. Hay que apresurar este caso, es importante que la verdad se sepa y que los funcionarios policiales sin duda, asuman su responsabilidad en los terribles hechos que cambiaron por completo la vida de Mario, y por lo que sé, estos funcionarios continúan en servicio-, explica Marlen Quintanilla.
(Fuente: Piensa Chile y La voz de los que sobran).
