Por Pablo Santander Acevedo
Ingeniero civil químico , Magíster (c) en Medioambiente y Responsabilidad Social
No es novedad decir que estamos enfrentando una crisis hídrica histórica, que se viene arrastrando durante los últimos años y que está afectando a más del 40% de la población mundial. En nuestro país, hemos visto los efectos que ha tenido en la pequeña y mediana agricultura, y en los campesinos y campesinas que son la base de la producción nacional.
Pero esta crisis también ha afectado a comunidades enteras. Es emblemático el caso de Petorca y lo he presenciado personalmente, el cual es visto como símbolo de la gravedad de la situación actual. También he sido testigo en la comuna de Cabildo de la muerte de animales por no tener alimento, el cual es escaso precisamente por la falta de agua para poder cultivar y hoy, en pleno año 2021, aún existe gente que no tiene agua para satisfacer sus necesidades básicas; situación que se agudiza en el contexto actual de pandemia por COVID-19.
¿Cuáles son las causas de este problema?
Algunas personas atribuyen esta sequía al efecto del cambio climático, sin embargo, existen factores que van más a allá de una crisis climática mundial a la hora de determinar las causas, por ejemplo, de que en la Región de Valparaíso las reservas del Lago Peñuelas, con una capacidad de 95 millones de m3 y un promedio histórico de 22 millones de m3, haya pasado a un valor cercano a los 0.8 millones de m3 a febrero de 2021.
Asimismo, el embalse Los Aromos – alimentado por la cuenca del Aconcagua, con una capacidad de 35 millones de m3 y un promedio histórico de 25 millones de m3- esté actualmente en los 5 millones de m3 a febrero de 2021. Estos factores son atribuibles al actuar de las personas, a las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua y la legislación actual. En primer lugar, tenemos un código de aguas que no le da prioridad al recurso hídrico como derecho humano, menos privilegia a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas que se desarrollan ante su abundancia. En segundo lugar, no existe una gestión de cuencas adecuada para la distribución equitativa del agua, lo cual también es efecto de lo primero y tiene estrecha relación, ya que esta distribución no se condice con la cantidad de agua disponible en la cuenca, ni con las necesidades de las personas que habitan el territorio, sino que es producto del poder adquisitivo que tengan los grandes empresarios para adquirir derechos de agua y poder administrar su uso.
Para combatir la crisis climática y los factores antrópicos que causan la escasez hídrica, debemos realizar cambios a nivel local, nuestro país debe avanzar en gestión del agua y saneamiento. Como dato, cerca de la mitad de la población que vive en sectores rurales carecen de acceso al agua potable y es una situación en la que el Estado debe hacerse cargo.
¿Cómo podemos avanzar?
Primero, estableciendo y concretando metas a nivel territorial y organizacional. En este sentido, es que se han definido una serie de metas al año 2030, relacionadas a las contribuciones nacionales determinadas, actualizadas el año pasado a partir de la COP 25, incluyendo la gestión de cuencas, servicios sanitarios, sistemas rurales e infraestructura, entre otras, que deben ser cumplidas para mejorar la gestión del agua y la resiliencia ante el cambio climático.
Pero estas metas no son suficientes si no van acompañadas de fuertes cambios en las políticas relacionadas con el agua, es por esto que es de suma importancia que esta discusión sea central a la hora de redactar una nueva Constitución. Quienes tengan la oportunidad de participar deben recuperar las aguas de nuestro país para todos y todas, poniendo como prioridad el derecho humano al acceso al agua y también para el desarrollo de los ecosistemas.
Debemos impedir que se sigan otorgando derechos de agua, tratando este recurso vital como un bien de mercado, que además en nuestro país se sobreexplota entregando más derechos de uso que agua existente en nuestras cuencas, situación que es claramente una desigualdad e injusticia tremenda.
Es un hecho que la desertificación avanza en nuestro país de norte a sur y para mitigar este efecto es imprescindible contar con una legislación adecuada y realizar una buena gestión. El agua debe ser para todos y todas, no un privilegio de pocos que pueden pagar por ella, es por esto que debemos unirnos, para proteger nuestra rica biodiversidad y para que cada persona que habita en nuestro país tenga acceso y la tranquilidad de beber en paz el agua que nos da la vida.
