Justamente cuando una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita el país para verificar el respeto de las libertades fundamentales tras el estallido social, la Fiscalía Nacional dio a conocer un informe donde se hace un balance de las situaciones ocurridas desde el 18 de octubre. Según el reporte de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, detalló que 31 personas han fallecido en el contexto de manifestaciones y 5.558 han denunciado violaciones a los derechos humanos que habrían sigo cometidas por agentes del Estado.
En específico, respecto a las muertes ocurridas en el marco de manifestaciones, en cuatro de los casos, los decesos son atribuibles a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron cuando se encontraban bajo custodia en comisarías.
Sobre las instituciones a las que los denunciantes señalan como responsables, 4.170 víctimas denunciaron a Carabineros, que está en medio del debate por una reforma a la institución. Hasta ahora, hay 294 funcionarios de la institución han sido individualizados.
En tanto, el Ejército tiene 244 denuncias; la Policía de Investigaciones (PDI), 96; y otras 27 denuncias están dirigidas contra funcionarios de la Armada.
Respecto a los delitos cometidos por agentes del Estado, el informe detalla que 4.158 denuncias tienen relación con el delito de apremios ilegítimos; 1.038 corresponden a abusos contra particulares y 134 casos de torturas.
Considerando el lugar en el que ocurrieron los actos de violencia institucional, 3.798 personas indican que ocurrieron en la vía pública; otros 582 habrían sido perpetrados en comisarías, brigadas policiales o recintos militares. Además, 72 personas denunciaron que los hechos habrían ocurrido al interior de sus domicilios particulares; 202 en carros policiales; y 79 en locales comerciales, entre otros.
Respecto a la respuesta de la justicia en estos casos, durante la semana el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se quejó por el escaso avance de las causas. No obstante, el Ministerio Público señala que actualmente existen 38 agentes del Estado formalizados por uno o más delitos.
Más de 800 menores de edad afectados
Además, en el informe se detalla que de los más de cinco mil casos de denuncias por violaciones a los derechos humanos, 4.525 corresponden a hombres y 1.031 a mujeres. De este mismo total, 4.719 son adultos y 834 son niños, niñas o adolescentes.
Respecto a las lesiones por armas de fuego, se señala que hasta el momento suman 1.938 víctimas, de las cuales 285 denunciaron daño ocular.
La región que concentra la mayor parte de las denuncias por violaciones a los derechos humanos es la Metropolitana, con 2.650 víctimas. Valparaíso es la segunda con mayor número de víctimas, con 776 y la sigue Biobío con 409 personas.
Dentro del total de víctimas, 21 han acusado discriminación por pertenecer a diversidades sexuales, mientras que otras 19 se han identificado como mapuches. Respecto de las personas extranjeras víctimas de violencia institucional, el total asciende a 75 personas, que en su mayoría son ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos.
Finalmente, en aquellos casos que tienen relación con delitos de connotación sexual, según la información entregada por las víctimas al momento de hacer la denuncia, 192 personas habrían sufrido desnudamientos; 67 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual; y 15, amenazas de cometer delitos sexuales en su contra.
