Por Isabel Allende Bussi
Senadora por la región de Valparaíso
Hace pocas semanas, los habitantes de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví tuvieron que revivir graves y traumáticos episodios de intoxicación, que recuerdan los más de 1.500 intoxicados el año 2018. Como una seguidilla de actos que ya conocíamos, aquello significó el cierre temporal de jardines y colegios, y un aumento de las atenciones de salud de manera significativa. Sin un medio ambiente sano, no hay derecho a la educación ni a la salud.
Fue por eso que las vecinas y vecinos de estas comunas acudieron a la justicia, con 12 recursos de protección para intentar resguardar sus derechos. La respuesta fue contundente: la Corte Suprema condenó al Estado de Chile por no cumplir con su obligación de identificar los contaminantes que provocaron la crisis. Se obligó a diversos servicios públicos a adoptar 15 medidas en el corto plazo, tales como realizar estudios para determinar los químicos causantes de la contaminación, revisar las autorizaciones de funcionamiento ambiental de las empresas y modificar el ordenamiento territorial, entre otras.
Al año 2022, y a tres años de dicha sentencia, el balance es más bien negativo. El gobierno del ex-Presidente Piñera no identificó realmente a los contaminantes ni los reguló con un estándar adecuado. Tampoco se identificó a los responsables de las intoxicaciones, y aún sigue pendiente un juicio oral contra altos ejecutivos de ENAP para determinar su rol en estos hechos.
En cambio, el Presidente Boric desde un inicio impulsó fuertemente en su campaña la idea de terminar con las zonas de sacrificio. Fue por eso que ha actuado con responsabilidad y coherencia, adhiriendo al Acuerdo de Escazú e impulsando los estudios de salud que exige la sentencia de la Corte Suprema. Mientras tanto, el directorio de Codelco hizo lo suyo decretando el eventual cierre de la Fundición Ventanas.
El Presidente tiene claro que si bien el diálogo siempre es un aporte, Quintero, Puchuncaví y Concón corresponden a un territorio que ya está sobre-diagnosticado, y que, más que abrir nuevas mesas de diálogo, lo que toca es fortalecer legalmente y dotar de más presupuesto a los Consejos de Recuperación Social y Ambiental, impulsados por la ex-Presidenta Bachelet. El Presidente sabe que lo que hace falta en realidad es fortalecer la toma de decisiones políticas y legales que cumplan efectivamente la sentencia de la Corte Suprema, como lo son las siguientes:
En primer lugar, esperamos que el Presidente impulse el proyecto de ley que moderniza la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que permitirá además sacarla de su precariedad presupuestaria. Este proyecto de ley lo delineamos en el Senado junto a académicos expertos durante el gobierno anterior, donde presionamos al Ejecutivo para abrir una mesa de trabajo que se hiciese cargo de las deficiencias que Contraloría detectó en su momento.
En segundo lugar, tal como la Corte Suprema sugirió, creemos imprescindible poder adecuar las operaciones de las empresas y proyectos instalados con anterioridad al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, hemos trabajado en un proyecto de ley, impulsado junto al senador Latorre, que permita revisar los impactos que producen estas empresas. Sabemos que es complejo y el proyecto debe mejorar.Debemos barajar todas las alternativas sobre la mesa.Por ejemplo, en Perú, esto se ha logrado esto a través de Programas de Mejoras y Adecuaciones Ambientales.
Por último, y tal como señalan numerosos estudios de académicos, ONGs, la sentencia de la Corte Suprema referida, así como la Contraloría en un lapidario informe emanado en junio de este año, es imperioso abordar la gravísima deficiencia de la normativa ambiental. Muchos componentes del medio ambiente tienen defectuosa protección porque no se ha dictado la regulación para protegerlos, como es el caso del arsénico en el agua potable, que el propio ex-Presidente Piñera reconoció cuando visitó Quintero, en la crisis de 2018, y que se trata de una «contaminación muy importante y que no ha sido abordada».
Otra parte del problema de la carente normativa ambiental chilena es que la regulación que actualmente existe es más laxa que lo recomendado internacionalmente. A modo ejemplar, la norma de dióxido de azufre que dictó el gobierno anterior permite que se exceda casi 400 veces antes de que se entienda realmente superada. Por lo tanto, estamos hablando de 400 exposiciones de un contaminante conocido por dañar los pulmones en tan solo minutos al respirarlo.
A mayor abundamiento, cuando eventualmente se dictan las normas, éstas tardan mucho en revisarse: mucho más que el plazo de cuatro años que indica la ley vigente. Tal es el caso, por ejemplo, de la norma de emisión para descargas de residuos líquidos industriales para alcantarillado que lleva 8 años en revisión, lo cual es el doble de lo permitido por la ley. Lo más preocupante es que tratándose de la zona de sacrificio de Quintero, Puchuncaví y Concón, la Contraloría detectó —en el informe aludido— que las normas ambientales de aire revisadas por la autoridad no corresponden realmente a las que regulan químicos más dañinos, tales como dióxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono.
Finalmente, cuando el nivel de contaminación es tal que se supera lo permitido en la normativa existente, la autoridad se demora años en la generación de un plan que descontamine la zona. Esto último sucedió en Calama, ciudad que ha tenido que esperar 12 años para que se dicte un plan de descontaminación.
Dicho esto, resulta evidente que el principal problema ambiental de Chile —y de las zonas de sacrificio— es que no existen plazos que se respeten para dictar y revisar la normativa ambiental. Fue por eso que desde el Senado, en la ley de Cambio Climático, presionamos fuertemente al gobierno anterior para que se incluyeran sanciones en caso de la demora en la dictación de normativa asociada al cambio climático. Se establecieron las mismas sanciones que en la ley de transparencia: multa al respectivo subsecretario o alcalde que demorara la dictación de la normativa climática. Solo así conseguimos que las leyes no terminen siendo letra muerta, como por ejemplo la ley de aguas grises que se dictó hace cuatro años y aún no entra en vigencia porque el gobierno no dicta un reglamento.
En la actualidad, la legislación ambiental dice que hay plazo de cuatro años para la dictación de los planes de prevención y descontaminación, pero sin sanciones en el caso de que no se cumpla. Hoy, luego de la crisis de Quintero y Puchuncaví de este año, ha llegado la hora de exigir multas a la autoridad en el caso de que la normativa ambiental no se dicte a tiempo y con la debida anticipación a la contaminación, junto con exigir que la normativa se revise en los plazos que indica la ley, tal como lo ordena el fallo de la Corte Suprema.
Es por estas razones que esperamos que el Presidente Boric aproveche el proyecto de ley sobre zonas latentes y saturadas que estamos actualmente tramitando en el Senado, el cual regula plazos y medidas que se deben adoptar en el período entre la declaración de una zona como latente y saturada y la dictación de un plan e prevención o descontaminación. Se trata de una oportunidad valiosa para incorporar sanciones de multa en el caso de la no dictación y revisión de estos planes y de las normas de emisión y calidad ambiental.
Los instrumentos de gestión ambiental deben dictarse y revisarse a tiempo si queremos de verdad poner fin a las zonas de sacrificio. Hacia el año 2050, o hacia final de siglo, las generaciones futuras mirarán hacia el pasado en búsqueda de las autoridades que se atrevieron a cambiar el rumbo de Chile en tiempos de crisis económica y ambiental, a través de un nuevo paradigma de desarrollo, basado en la responsabilidad, coherencia y voluntad.
