Con 118 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones, la Sala aprobó la resolución 108. En ella se pide al Jefe de Estado restaurar la asignación por riesgo para funcionarios de la salud, que existió hasta 1970. Esta se otorgaba específicamente a quienes laboraban en hospitales psiquiátricos y centros de salud mental.
El beneficio —fijo y reajustable según el IPC— debiese llegar a 100 mil pesos para funcionarios que atienden directamente a los pacientes. El monto debiera ser de 50 mil pesos, para el resto del personal que no tiene relación directa con ellos, pero labora en los mencionados recintos.
El texto recuerda que la asignación por riesgo buscaba compensar el daño psicosocial que los trabajadores sufrían. Dicho perjuicio estaba directamente relacionado con tratar a personas que padecían enfermedades mentales.
Lo anterior porque los funcionarios de los hospitales psiquiátricos eran víctimas de agresiones de parte de los propios pacientes, familiares de estos o sus acompañantes. Ello les causaba enfermedades de carácter profesional, tanto físicas (manguito rotador, tendinitis, hernias lumbares, lesiones en las rótulas, etc), como psicológicas (cuadros de estrés, trastornos del sueño, entre otras).
