Por 41 votos favorables, 1 en contra y 3 abstenciones, la Sala del Senado respaldó una nueva solicitud del Ejecutivo para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur.
Esta es la séptima renovación de la medida que se aplica a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío y, de acuerdo al oficio presidencial esta renovación se fundamenta en las situaciones de de violencia que continúan afectando a sus habitantes.
A la sesión, asistieron las ministras del Interior, Carolina Tohá, de Defensa, Maya Fernández y Segpres Ana Lya Uriarte.
En la oportunidad, se acordó también que los Comités del Senado definirán la próxima semana una agenda de trabajo más pormenorizada con el gobierno de modo que abordar con mayor profundidad los planes del gobierno en materia de diálogo con la sociedad civil, inversiones, y planes especiales de desarrollo.
Así lo dio a conocer el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, en nombre de la Mesa y recogiendo la propuesta que efectuó en esa línea, el senador José García Ruminot junto a diversos senadores y senadoras.
Debate
Durante el debate, precisamente, este fue uno de los temas que hicieron presente los legisladores, de modo de contar con mayores antecedentes para una evaluación de esta medida de estado de excepción en relación a la disminución de hechos de violencia, tras más de 100 días de aplicación.
Además se reiteró la invitación a la recién asumida ministra del Interior, para que lidere una mayor presencia del gobierno en la zona y también en las regiones aledañas donde se asumieron diversos compromisos en seguridad y desarrollo.
Al respecto, la ministra Carolina Tohá expuso que “cuando la inseguridad golpea la puerta, parece que los demás problemas palidecen, pero detrás hay muchos problemas más que terminan derivando en esta situación que hace la vida muy dura de ser vivida. (…) Como gobierno entendemos lo señalado: que los problemas en la macozona Sur no se resuelven con un estado de excepción, requieren múltiples esfuerzos. (…) Tenemos el diagnóstico de que en Chile hay formas de criminalidad que nuestra legislación y policías no tienen instrumentos para manejar y estamos haciendo un esfuerzo para poner al día la legislación”.
