El impacto que tiene la solicitud de quiebra de la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela en diversos proyectos y obras adjudicadas a la compañía en diversas regiones del país, fue analizado en la Comisión de Obras Públicas del Senado junto al ministro de esa cartera, Juan Carlos García.
Si bien estaban invitados a la sesión los representantes de la empresa, estos se excusaron y remitieron un dossier a los parlamentarios.
La idea de este encuentro fue analizar la situación jurídica y la ejecución de las obras que quedaron abandonadas y que en algunos casos son estratégicas para las regiones en las que están emplazadas.
En tal sentido, se explicó que la constructora tiene un total de 18 contratos con la cartera, 10 de los cuales están sin terminar (de un universo de 1.400 contratos) y se señaló que el monto de la deuda que tiene el MOP ante la compañía, asciende a 7.230 millones de pesos, pago que no se pudo concretar porque la empresa no presentó las garantías necesarias.
Consultado por los senadores respecto de otras obras que pudieran estar en un riesgo similar, el Ministro García dijo que existe una mesa interna de trabajo en el MOP y que se están monitoreando 300 contratos que pudieran tener dificultades, lo que les ha permitido focalizar las acciones de la cartera en esos convenios.
Industria
Asimismo, dijo que desde que asumieron en el gobierno se han tomado medidas que han reflejado una manera de abordar la crisis estructural del alza del valor de los materiales con a justes que requiere la industria pero que también requiere el Estado para el propósito que tiene el MOP.
En tal sentido, explicó que debido al alza explosiva de los materiales se creó un reajuste polinómico para los nuevos contratos; se creó una mesa de trabajo con la Cámara Chilena de la construcción; hay un convenio con BancoEstado y se espera aplicar en el breve plazo un reajuste polinómico a los contratos vigentes, lo que podría beneficiar a más de mil contratos.
Sobre el futuro de las obras que se verán perjudicadas por la solicitud de quiebra, presentó un cronograma ajustado para retomarlas y señaló que hay recursos necesarios para enfrentar el pago a los trabajadores.
En tal sentido, los senadores plantearon la necesidad de generar las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores no se vena perjudicados y evitar las judicializaciones.