[Opinión] El Estado de Chile está haciendo aguas en la crisis hídrica

Por Nelson Venegas, Diputado del Partido Socialista por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso

La situación que se vive en el Aconcagua, respecto de la crisis hídrica y los conflictos que están ocurriendo por la intervención del río, son muy graves. Esta polémica se genera por el criterio que está actuando en la distribución la Dirección General de Aguas (DGA), y es un conflicto que es el ejemplo de muchos otros que en todo el resto del país se puede dar en distintas cuencas.

El pasado domingo 12 de febrero El Mercurio de Valparaíso publicó un artículo de opinión escrito por el abogado Francisco Orrego Bauzá (“Aconcagua: ¿crisis hídrica o intervención ideológica”), en el que señala que en esta parte del país no existe una crisis hídrica, sino más bien una intervención de carácter ideológico, donde habría un exceso de regulación, casi de carácter autoritario por parte del Estado.
Esto no es así, sino todo lo contrario.

Es precisamente la carencia, la ausencia de un Estado eficiente lo que está generando una situación como la que se vive en el Aconcagua. De hecho, las malas decisiones tomadas por la Dirección General de Aguas se generan precisamente porque carece de elementos, de facultades, de personal, de recursos como corresponden para realizar una fiscalización efectiva en relación con lo que tiene que ver con el recurso hídrico.

Es más: es precisamente la carencia de regulación sobre, por ejemplo, en el monocultivo, en la sobreexplotación de las cuencas, la sobreutilización de las aguas subterráneas, el tipo de plantaciones que se realizan sobre las laderas, lo que está generando este conflicto.

En muchos de los proyectos de resoluciones evacuados desde el Parlamento, cuando fui presidente de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, planteamos la necesidad de la generación de una nueva institucionalidad del agua, llámese Ministerio del Agua, Subsecretaría del Agua… De hecho, el propio proyecto de Constitución que fue rechazado por el pueblo chileno proponía, entre otras materias, la creación de una Agencia Nacional del Agua para estos efectos.

Lo que debería existir en Chile es una verdadera institucionalidad que regule, recoja y coordine todas las acciones que tienen que ver con el agua, sea para el consumo, el saneamiento, la agricultura, etcétera.
También tiene que existir una decisión más relevante respecto de cómo se maneja la cuenca, sobre todo con lo que dice relación con la participación de los distintos actores, de manera tal que se genere una política de gestión integrada de las cuencas.

Es necesario generar los espacios para que además participen todas las personas que viven en esos lugares y también una mayor participación de las autoridades del nivel local en las definiciones.
Una nueva institucionalidad del Estado además no solo tiene que regular la redistribución del recurso que hoy es cada vez más escaso, sino que generar nuevas alternativas, nuevas fuentes de agua.

Debemos empezar a hablar en serio en cuanto a una política nacional de desalación y de tratamiento de agua. Países como Israel han sido eficientes en este tema, siendo que son territorios cuya desertificación era prácticamente absoluta. Se requiere además que el Estado intervenga y regule lo que tiene que ver con el agua subterránea, lo que está produciendo que cuencas enteras estén prácticamente secándose en estos instantes.

Así las cosas, lo que se requiere, precisamente, es una mayor institucionalidad y una fuerza real de parte del Estado, con una visión estratégica de cómo será la política del agua en los años venideros. Proponer o entregar esto solo a la libertad o a la liberalidad absoluta, eso sí que es actuar con sobreideologización.