Tal como lo señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un sistema de salud basado en la atención primaria de salud (APS) orienta sus estructuras y funciones hacia los valores de equidad, solidaridad social, y al derecho de todo ser humano de gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr sin distinción alguna.
Los principios requeridos para ello son la capacidad de responder equitativa y eficientemente a las necesidades de las personas, la responsabilidad y obligación de los gobiernos de rendir cuentas, la sostenibilidad, participación, orientación hacia normas elevadas de calidad y seguridad y la puesta en práctica de intervenciones intersectoriales. A partir de la pandemia por COVID-19 se ha asignado también un rol relevante en la preparación y respuesta a emergencias de salud pública, para avanzar hacia servicios resilientes. Por tanto, debemos seguir avanzando en el presupuesto de salud del país con la meta de conseguir por lo menos que el 30% del presupuesto sea asignado a la APS con cumplimiento de los principios mencionados.
La incidencia de la APS en el presupuesto nacional, entre 2019 y 2021 muestra que hubo un leve incremento en los recursos canalizados en los años 2020 y 2021 (llegando al 22%) cuando se incluyen las asignaciones para la COVID-19. Al excluirse los recursos para contrarrestar la pandemia, se registra una caída del 21.3% al 18.7% en el año 2021, lo cual se explica principalmente por los recursos para la inmunización contra la COVID-19.
En este marco, es necesario también considerar el costo que implica no contar con todas las capacidades resolutivas en la APS. Seguir preguntándonos -por ejemplo- por las razones y estrategias para abordar el porcentaje de hospitalizaciones por causas sensibles al cuidado ambulatorio, a veces llamadas “hospitalizaciones evitables”. En nuestro país este porcentaje sigue variando entre un 13,3% el 2016 hasta un 11,8% el 2020 (OPS). Es decir, mas de un 10% de las hospitalizaciones pudieron haberse evitado o las personas pudieron haber llegado a los hospitales en mejores condiciones de control de su enfermedad.
Esto no solamente ocasiona un gasto evitable en salud sino -aún más importante- implica que las personas llegan a los hospitales en condiciones de enfermedad más avanzadas, tienen peores resultados luego de su hospitalización y no se anticipa el daño en salud.
Importante para considerar en la discusión de la ley de presupuesto 2024, especialmente en el diseño de incentivos para la integración de los servicios, continuidad de los cuidados integrales y calidad de ellos. La falta de integración no solo tiene un costo sanitario, sino también financiero.