Esta jornada se liberaron los resultados de la Encuesta Plaza Publica Cadem en relación al panorama actual del interés y las preferencias en relación con el proceso constitucional en curso. Además, se examina la percepción ciudadana sobre diversas instituciones, destacando la evolución de la percepción de corrupción en el país.
En medio de un proceso constitucional que ha captado la atención del país, un 46% de la población declara un creciente interés, aumentando en 5 puntos porcentuales respecto a mediciones anteriores. Sin embargo, un 32%, también en alza (+4pts), se muestra poco o nada interesado, mientras que un 22%, experimentando una disminución de 4 puntos, manifiesta estar algo interesado.
En cuanto a las preferencias respecto a la nueva Constitución, un 38% (+6pts) indica que votaría a favor en diciembre, frente a un 46% (-3pts) que la rechazaría. Un 16% (-3pts) no ha decidido o no responde. Entre este último grupo, un 24% (+3pts) probablemente votaría a favor, un 17% (-1pto) en contra, un 15% (+5pts) no iría a votar y un 44% (-7pts) aún no ha decidido.
Independientemente de su posición, un 38% (+6pts) cree que la opción «a favor» ganará, mientras que un 55% (-2pts) opina que prevalecerá la opción «en contra». Respecto a la franja electoral, el 51% la ha visto, y entre quienes votarán a favor, la franja recibe una calificación promedio de 4.3, en contraste con el 3.9 otorgado por aquellos que votarán en contra.
Al analizar los atributos de la franja, los partidarios de la nueva Constitución destacan su eficacia en la comunicación de ideas (43% vs. 30%), credibilidad (41% vs. 26%), y transversalidad (41% vs. 23%). A pesar de esto, el 74% sostiene que las decisiones de la gente no cambiarán debido a la franja.
En cuanto a la evaluación de instituciones, Bomberos lidera con un 98%, seguido por la PDI (83%) y Carabineros (77%). No obstante, los partidos políticos (15%), el Congreso (21%), y la ANFP (23%) se encuentran en los últimos lugares de aprobación, reflejando una percepción generalizada de corrupción que ha aumentado del 70% en marzo de 2015 al 84% en la actualidad. Partidos políticos (81%), el Congreso (67%), municipalidades (59%), la ANFP (58%), y fundaciones u ONGs (55%) son percibidos como las instituciones más corruptas.
