En la carta, los profesionales valoraron el trabajo de la Comisión Experta por “arribar a un anteproyecto habilitante, equilibrado, moderno y que integraba las diversas visiones de nuestra sociedad”. Sin embargo, criticaron que “en la etapa del Consejo Constitucional la tónica fue radicalmente distinta, y devino en una propuesta que cercenó los avances logrados”.
Un grupo de 253 abogados firmó una declaración donde se manifiestan ‘En contra’ de la propuesta constitucional que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre. “Adolece de problemas técnicos profundos y representa un claro retroceso respecto a la Constitución vigente”, plantea el escrito.
Entre los profesionales que suscriben la misiva están las exministras de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Ana Lya Uriarte –del actual gobierno, hasta abril del año pasado– y Paulina Veloso -durante el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet-. También están en la lista las exconvencionales Bárbara Sepúlveda y Bessy Gallardo, y el excoordinador de Asuntos Indígenas del gobierno del presidente Gabriel Boric, Salvador Millaleo.
En la carta, los abogados firmantes valoraron el trabajo de la Comisión Experta por “arribar a un anteproyecto habilitante, equilibrado, moderno y que integraba las diversas visiones de nuestra sociedad”. Sin embargo, criticaron que “en la etapa del Consejo Constitucional la tónica fue radicalmente distinta, y devino en una propuesta que cercenó los avances logrados”.
Asimismo, relevaron que el texto reconoce en su artículo primero el Estado Social y Democrático de Derecho, pero lamentaron que “no haya existido el deseo de transformar esto en una realidad”.
Según los profesionales, “un análisis sistémico del texto deja claro que el estado social queda constituido en una mera promesa y que lo que realmente existe es una profundización de un estado subsidiario y neoliberal”.
“Esto se ve reflejado de manera más evidente en la regulación maximalista y de detalle de los derechos sociales, en donde en vez de consagrar derechos fundamentales se cristalizan políticas públicas”, aseguraron.
Los argumentos
Los más de 200 abogados que suscribieron la misiva argumentaron que en materia de educación “se constitucionaliza el voucher y se disminuye los contenidos mínimos exigibles por el Estado hasta el 50% de las horas lectivas”.
En salud, en tanto, a su juicio “se constitucionalizan las isapres, dificultando la mancomunión de recursos de los subsectores públicos y privados, con criterios de equidad y solidaridad, según solicitaron transversalmente los expertos del Comité Técnico asesor de la Ley de Isapres”.
Respecto a la seguridad social, acusaron que “se incorporaron normas que dificultan la solidaridad y el establecimiento de un pilar solidario robusto, lo que es curioso porque, por otro lado, se introdujeron normas transitorias destinadas a resguardar la solidaridad en los sistemas de Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)”.
También observaron con “con especial preocupación” las “graves consecuencias que pueden traer tanto las deficiencias técnicas del texto como el maximalismo de una visión conservadora del derecho administrativo que éste incorpora. Es así cómo el texto desconfía absolutamente de la administración del estado y le imponen altísimas exigencias para su actuar, lo que en la práctica solo beneficia a las grandes empresas y va en contra del establecimiento de un estado regulador moderno”.
Por otro lado, lamentan que el texto del Consejo no haya mantenido “el amplio y necesario consenso respecto de la necesidad de un sistema político con partidos empoderados”. Si bien reconocieron que “es verdad que el umbral del 5% se mantuvo, este se desvirtuó con su suspensión hasta el 2030 y con la introducción de fusiones que pueden ser creadas después de las elecciones respectivas, lo mismo sucedió respecto de todas las normas sobre disciplina partidaria que fueron eliminadas del texto final”.
“Por todas estas razones es que responsablemente llamamos a votar en contra de la propuesta constitucional emanada de este proceso. Lo hacemos ya que éste texto es partisano, maximalista e identitario y nació para cimentar el poder de un sector de la sociedad sobre el otro y no para crear una casa común en donde todos nos podamos ver reflejados”, cierra el escrito.
Vía La Tercera.
