El último Estudio Nacional de Discapacidad nos mostró que en Chile hay 3.291.602 personas mayores de 2 años que viven con algún tipo de discapacidad física, auditiva, visual o mental, como lo define la OMS. Destaca que un 64% de ellas son menores de 59 años.
Aparece como un número alto, pero está en línea con indicadores globales en la materia, una temática que solo crece en importancia alrededor del mundo. Ahora, es desde la información empírica, y no sólo desde el imperativo ético, que la inclusión de personas con discapacidad (PcD) se convierte en un pilar fundamental de la igualdad de oportunidades y apela urgentemente a un abanico de políticas públicas.
Es más que razonable pretender ver la inclusión de las PcD reflejado en nuestro pacto social más básico: la Constitución. La Carta Magna que actualmente nos rige no tiene ninguna alusión, mientras que en la nueva propuesta constitucional sí alude específicamente, tanto en el Capítulo I sobre los fundamentos del orden constitucional, como en el Capítulo II sobre los derechos y garantías.
En el derecho a la salud, la nueva propuesta establece directamente el concepto de no discriminación por preexistencia médica y, en educación, se garantiza la no discriminación arbitraria en el acceso y el financiamiento de los estudiantes a la educación superior. Pero quizá la adición más importante en educación está en la introducción del concepto de personas con necesidades educativas especiales, donde se establece que el Estado garantizará el financiamiento de la educación de éstas, lo que deja inscrito un aspecto clave para que nuestro país aproveche su potencial de capital humano y realizando actividades productivas de mayor valor.
La igualdad de oportunidades en un Estado social y democrático de derecho es hoy algo transversal en el espectro político. Por tanto, será necesario concretar políticas públicas basadas en datos que nos conduzcan hacia una sociedad más inclusiva, ya sea en base a la nueva Constitución o a realizar modificaciones importantes a la actual, en la misma línea planteada por la nueva propuesta.
Andrés Musalem, investigador Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello.