En la sesión especial de la tarde de este martes en la Cámara, la diputada María Francisca Bello abordó las profundas raíces de los problemas que aquejan el servicio de Mejor Niñez en Chile, destacando la urgencia de poner fin a las violaciones sistemáticas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en casos de explotación sexual infantil.
La diputada Bello señaló que la situación expone un problema sistémico que va más allá de afiliaciones políticas específicas o gobiernos particulares. La Residencia Victoria en el Maule, con la implicación del señor Gastón Pinochet, sirve como un ejemplo destacado de la gravedad de la situación.
«Es desalentador reconocer que los problemas que analizamos y tratamos de resolver hoy no son nuevos; tienen raíces profundas que se remontan hasta los inicios del SENAME. Las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes son sistemáticas, en un servicio que debería protegerlos», expresó la diputada.
Bello subrayó la importancia de trascender las divisiones políticas y abogó por la priorización del bienestar de los niños en el centro del discurso público. Adicionalmente, propuso acciones clave para abordar estos problemas sistémicos.
En primer lugar, la diputada hizo un llamado a un aumento sustancial en las asignaciones presupuestarias destinadas a Mejor Niñez. Argumentó que invertir en recursos es fundamental para mejorar las condiciones de vida, la educación y la atención médica de los niños bajo la tutela del Estado.
En segundo lugar, enfatizó la necesidad de instruir a las fuerzas policiales para desmantelar activamente las redes criminales involucradas en la explotación sexual infantil. Bello instó a un esfuerzo colaborativo para garantizar la protección de los niños y niñas frente a aquellos que buscan explotar su vulnerabilidad.
Además, la diputada abogó por mejorar las facultades de fiscalización de la Contraloría General de la República, asegurando que las entidades privadas que asumen funciones de residencias estén sujetas a una fiscalización rigurosa por parte del Estado.