El pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 84 votos a favor y una abstención el informe emanado desde la Comisión Especial Investigadora (CEI)de las Corporaciones Vita (2008-2021), desde las cuáles el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), utilizó el sistema para defraudar al fisco por medio de organizaciones funcionales que prestaban servicios al municipio.
El informe concluye que el “esquema de defraudación significó una pérdida de recursos municipales cercana a los $750 millones”, añadiendo que la Contraloría General de la República (CGR) “iniciará un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades no incluidas en el anterior sumario” situando el monto defraudado en una cifra cercana a los $2.100 millones.
Además, el texto aprobado recomienda dar urgencia suma, que se encuentran en tramitación legislativa, a proyectos de ley relativos a transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales, mejorar la legislación vigente, reforzar la fiscalización, entre otras.
El diputado Luis Cuello (PC), presidente de la Comisión Investigadora Corporaciones Vita: “Ha quedado demostrado que acá existió un entramado, un mecanismo para defraudar al fisco ejerciendo actos propios de la mafia, del narcotráfico, para enriquecer a algunas personas y eventualmente financiar campañas políticas y en segundo lugar claramente es el estado subsidiario el que facilitó estas prácticas corruptas al externalizar servicios que eran propios de la municipalidad”.
Por su parte, el diputado Tomás Hirsch (AH), integrante de la comisión y representante del Distrito 11, manifestó que “lo que vimos ahí muestra que hay un escándalo brutal de un exalcalde y fundador de Renovación Nacional, Raúl Torrealba, que más parecía un ladrón o del mundo del narcotráfico que un alcalde, donde miles de millones de pesos están desaparecidos, situación que lo tiene formalizado y en prisión preventiva”, agregando que también “estudiamos una serie de medidas que pueden ayudar a mejorar la fiscalización y el control de los recursos fiscales. Estos son escándalos que tenemos que detener con mayor control de parte de la Contraloría”.