El Gobierno del presidente Boric ha anunciado hoy su decisión de vetar el proyecto de ley que establece las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 para que se desarrollen en dos días consecutivos, sábado 26 y domingo 27. Esta medida se tomó después de que el Congreso rechazara una parte crucial de la normativa que imponía una sanción a quienes no cumplieran con el voto obligatorio.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que el veto presidencial busca establecer una multa para aquellos ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones. Según Elizalde, el objetivo es regular todos los aspectos específicos que quedaron insuficientemente regulados o inconexos en el proyecto original.
El Congreso había aprobado la mayor parte del proyecto de ley, pero discrepancias sobre la imposición de multas a los votantes, la propaganda electoral y la devolución de dinero a los partidos políticos no pudieron resolverse en la comisión mixta. En particular, la diferencia principal entre el oficialismo y la oposición radica en si la multa debería aplicarse solo a los ciudadanos chilenos o también a los ciudadanos extranjeros con derecho a voto.
El ministro Elizalde aclaró que el veto buscará que la multa por no votar se aplique exclusivamente a los ciudadanos chilenos, argumentando que la sanción debe corresponder a quienes son considerados ciudadanos según la ley. Esta posición refleja la tradición legal previa y busca asegurar un apoyo transversal para la aprobación de la normativa.
La ley actual define como ciudadanos a los chilenos mayores de dieciocho años que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Además, los extranjeros que hayan residido en Chile por más de cinco años y cumplan con otros requisitos también tienen derecho al sufragio.
El Gobierno espera que esta medida ayude a clarificar y fortalecer la legislación electoral de cara a las próximas elecciones, asegurando el cumplimiento de las obligaciones democráticas de los ciudadanos chilenos.