Son cerca de 3000 los funcionarios y funcionarias que laboran diariamente en las Corporaciones de Asistencia Judicial del país (CAJs), la segunda institución pública con mayor presencia en el territorio tras el Registro Civil y cuyo cometido es representar judicialmente a quienes no pueden proveerse un abogado en diversas causas.
Esta situación contrasta con la realidad que disfrutan los sectores más acomodados del territorio, muchos de ellos representados en algún momento por Luis Hermosilla, abogado que hoy está en el ojo del huracán tras la investigación penal que lo involucra en delitos de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios.
Al respecto el presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), Marcelo Inostroza, entidad que aglutina a los funcionarios de las CAJs señaló que la naturaleza de los ilícitos por los que Hermosilla está siendo procesado, “reflejan una realidad muy distintas a la que nosotros abordamos a diario”.
“Claramente confirmar que hay abogados que desarrollan su carrera solapando a los influyentes y poderosos, reivindica aún más aquellos que con mucha precariedad intentamos defender y apoyar a los más postergados de la sociedad a través de las Corporaciones”.
El abogado y dirigente además señaló que los audios y conversaciones que vinculan ilícitamente a Hermosilla con distintos empresarios y actores políticos, más allá del ámbito delictual, “reafirman la desconexión de estos sectores con el Chile real”, agregando que marcan la coexistencia “de una justicia para pobres y otra muy distintas para ricos”.
“La falta de empatía, la ostentación y la prepotencia que son desnudados en esta investigación penal, confirman una segregación preocupante de la justicia”, aseveró el personero gremial.
Finalmente Marcelo Inostroza lamentó que mientras desde las CAJs se mantienen atentos en estos días a un posible paro Indefinido de actividades por déficit de infraestructura y saturación de funciones con mínimos recursos, hay quienes “alimentan una red de corruptela y enriquecimiento ilegal al amparo del Derecho”.
