El escándalo «Caso Audios» en 2023, originado por la filtración de una grabación de una reunión entre el influyente abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, dejó al descubierto una trama de influencias que ha impactado a la sociedad chilena. Desde el momento en que esos audios se hicieron públicos, muchas personas en los ámbitos político, empresarial y judicial intuyeron que las repercusiones serían graves y profundas. Y el tiempo les dio la razón.
Efectivamente, los pronósticos no solo se han ido cumpliendo, sino que han confirmado una realidad que, por mucho tiempo, permaneció oculta bajo la superficie, aunque paradójicamente, la mayoría de los actores forenses tenían conciencia de ella: la existencia de redes de poder que operan al margen de la transparencia y la legalidad que deberían regir las instituciones en un Estado de Derecho.
El 10 de octubre de 2024 quedará marcado como una fecha emblemática en la historia judicial de Chile. La Corte Suprema, el máximo tribunal del país, adoptó una decisión unánime e histórica al remover a la ministra Ángela Vivanco de su cargo. Su vinculación con las redes de contacto de Hermosilla fue lo suficientemente grave para adoptar esta remoción. La decisión fue clara y directa: “El conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que ha sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura». Palabras duras, pero necesarias, que subrayan la gravedad de los hechos.
La Corte Suprema, dejó en claro que no hay lugar para las influencias indebidas o los favores personales en el ejercicio de la judicatura. La remoción de Ángela Vivanco es la consecuencia lógica de una conducta que comprometió no solo su rol como ministra, sino también la confianza del país en el sistema judicial. Una confianza que, en estos tiempos, es más frágil que nunca.
A la luz de los antecedentes conocidos, parece claro que la remoción de Vivanco está ajustada a Derecho y basada en sólidos fundamentos que esperamos sean desarrollados de manera racional y suficiente cuando se publique el texto definitivo del fallo. Las faltas que se le atribuyen son graves, pues comprometen uno de los pilares más fundamentales de la democracia: el Estado de Derecho. En este sentido, el fallo de la Corte Suprema no solo está justificado, sino que también es necesario para preservar la integridad del sistema judicial.
Sin embargo, esta medida va más allá de la remoción de una ministra. Marca un antes y un después en los estándares éticos y profesionales que se exigen a los miembros del Poder Judicial. A partir de hoy, los ciudadanos debemos esperar un comportamiento impecable de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que ocupan puestos en tribunales superiores. Los chilenos no podemos tolerar más aquellas prácticas de las que muchos comentan pero por temor no denuncian, como los «besamanos» o las llamadas de influencias para el nombramiento de jueces o notarios de las que muchos hablan pero que nadie nunca ha denunciado. Este tipo de prácticas, que minan la credibilidad del sistema judicial, no deben tener cabida en nuestro país, ni siquiera como rumores o insinuaciones y es deber de los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial encargarse que el ejercicio de sus funciones no se encuentre empañado, ni siquiera con una duda.
Los jueces son los garantes de nuestra libertad y derechos. Son la última barrera de defensa contra el abuso de poder, y sus decisiones tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Por eso, deben ser un ejemplo de integridad, imparcialidad y transparencia. No puede haber espacio para las dudas sobre su comportamiento o su ética. Un juez que compromete su integridad personal, compromete también la justicia de todo un país.
La remoción de Ángela Vivanco ha sido una medida necesaria para comenzar a restaurar la confianza en el Poder Judicial. Su conducta fue inaceptable, y la Corte actuó en consecuencia. No obstante, la responsabilidad no termina con su salida. Se nos debe asegurar de que nunca más en Chile un abogado como Luis Hermosilla pueda llamar o contactar a una jueza como Ángela Vivanco para torcer los principios de igualdad ante la ley y ante la justicia. Y para que ello sea así, es necesario que desde el sistema político se trabaje en la creación e implementación de mecanismos que estructuralmente asegures la independencia externa de los poderes del Estado, en este caso, del Poder Judicial y con la misma fuerza la independencia interna de la magistratura.
El caso Hermosilla-Vivanco nos recuerda que la justicia no puede ser una moneda de cambio en manos de quienes ostentan poder y dinero. Los ciudadanos merecemos y debemos exigir un sistema judicial que no solo sea justo, sino que lo parezca en todo momento.
En última instancia, lo que está en juego no es solo el destino de una ministra o la reputación de un abogado. Es la confianza de los chilenos en su sistema de justicia. Un sistema que, aunque imperfecto, debe esforzarse cada día por ser mejor, más transparente y más equitativo.
