Restando poco más de 50 días para el plazo final otorgado, diputados chilenos han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impedir el desalojo de la «megatoma» del Cerro Centinela, en San Antonio. Este asentamiento, uno de los más grandes del país, debía ser desocupado en noviembre, pero la fecha fue extendida hasta el 31 de enero.
La acción cautelar fue impulsada por Luis Cuello (PC) y Camila Rojas (Frente Amplio), quienes enfatizan la necesidad de evitar el desalojo de más de 5 mil familias. Cuello declaró que “no es aceptable” proceder con la expulsión sin soluciones habitacionales adecuadas, mientras que Rojas subrayó la importancia de regularizar la situación de los habitantes, muchos de los cuales ya han formado comités de vivienda.
Por su parte, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconoció que las negociaciones para adquirir el terreno aún están lejos de concretarse, dejando en incertidumbre el futuro de las familias del Cerro Centinela.
