Tras revelarse los resultados de la auditoría a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) que dio cuenta de diversas irregularidades por parte de la entidad en la revisión de licencias médicas, varios senadores apuntaron contra la autoridad de dicha entidad, la superintendenta Pamela Gana.
Gana se encuentra en el foco del caso que remeció a varias instituciones del país porque en primer lugar, la Suseso no recurrió al uso de un convenio que mantiene con la Policía de Investigaciones (PDI) para verificar que quien esté con licencia médica efectivamente cumpla su reposo en su domicilio.
Los hallazgos de Contraloría revelaron que la plataforma tecnológica del servicio se encuentra desactualizada, hay retrasos con la tramitación de multas, personal no autorizado por la superintendencia realiza movimientos en el programa y hay usuarios fallecidos con cuentas activas en el sistema.
El senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la Comisión de Salud, quien apuntó que «la situación de la Superintendencia de Seguridad Social es insostenible, porque no solo fracasó en el convenio con la PDI que tuvo 10 años de tiempo y distintos superintendentes, pero finalmente no hubo una explicación clara ni hubo una autocrítica de por qué tuvo que llegar la Contraloría a hacer la pega de la Superintendencia de Seguridad Social que es la torre de control del sistema de licencias médicas».
«Si la torre de control falla los aviones se caen y en este caso se cayó el sistema de fiscalización de las licencias y eso ha quedado en evidencia para todo el mundo. Por eso su situación está en manos del Ministro del Trabajo y nuestra recomendación, sin ser Gobierno, es que dé un paso al costado porque hoy día se requieren cambios de verdad y no maquillaje para hacer lo mismo de siempre», criticó Castro.
El senador Sergio Gahona (UDI) mencionó por su parte que «llama la atención que la superintendenta haya señalado que la Suseso no tiene atribuciones para fiscalizar el uso de licencias médicas, cuando la ley, desde hace más de una década, sí le otorga esa facultad. No solo puede revisar a los profesionales que las emiten sin justificación, también tiene el deber de actuar ante eventuales fraudes».
