Cinco informes de la Contraloría que expusieron irregularidades en la Delegación Presidencial de Valparaíso, la Dirección Regional de Arquitectura del MOP y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué en la respuesta al megaincendio de 2024, nuevos antecedentes emergen.
Esto puso en el ojo del huracán a la ex delgada Presidencial de Valparaíso, Sofía González (PC), quien suscribió contratos por $ 8.966 millones en concepto de arriendo de maquinaria pesada. De estos, $ 6.725 millones corresponden a siete contratos firmados con la empresa San Nicolás SpA. Además, según la CGR, San Nicolás también se adjudicó contratos por demolición de viviendas con el MOP, percibiendo ingresos totales por $8.252 millones entre ambas entidades públicas.
Pese a los millonarios ingresos, San Nicolás SpA pagó sólo $3 millones en concepto de cotizaciones entre enero de 2023 y marzo de 2025, según constató la Superintendencia de Pensiones. ¿La razón? La empresa figura con apenas tres trabajadores, pues el 100% de los servicios prestados a la DPR y al MOP fueron tercerizados.
La investigación de la Contraloría revela, además, que varias empresas habrían operado mediante un esquema de subcontratación en cadena. Mientras San Nicolás SpA recibía millonarios montos fiscales y encargaba las operaciones a otras empresas, las subcontratadas, a su vez, tercerizaban las operaciones a otras. Así, cada una habría sacado su tajada del pastel.
El hecho fue denunciado por el empresario transportista Sergio Reyes Pedrero y su abogado en una reunión con Elizabeth Lucz-Ligeti, abogada de la Dirección Jurídica de la DPR, quien se lo comunicó al jefe del área, Sebastián Canale-Mayet.
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