La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió dos nuevas Órdenes de No Innovar (ONI) en contra del oficio emitido por la contralora, Dorothy Pérez, quien busca acceder a datos sensibles de niños trans custodiados por el Ministerio de Salud (Minsal), para así fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos.
Todo a razón de dos nuevos recursos de protección, el tribunal de alzada suma cuatro actos procesales similares, que paralizaron los efectos del documento emanado del organismo fiscalizador, como también la advertencia de Pérez a la autoridad sanitaria de multar o suspender si la orden no se cumplía.
Se fijó un criterio sobre presentaciones similares, hasta que una sala compuesta por tres ministros (o eventualmente con abogados integrantes), resuelva en un sentido u otro el fondo de los libelos de quienes reclaman que sus derechos constitucionales están siendo conculcados. Como los cuatro apuntan a hechos similares se verán de forma conjunta.
Las acciones legales se suman a otras sustanciadas en distintas regiones del país y que apuntan a que los datos inquiridos por Pérez afectan su privacidad e integridad.
Hay que recordar que la contralora -invocando su facultad fiscalizadora-, busca auditar el correcto uso de la plata fiscal a un programa de cambio de género, donde además de adultos, los integran niñas, niños y adolescentes (NNA).
La polémica decisión de Pérez encendió las alarmas, porque en su oficio pidió incluir nombre social y registral, identidad de género, el ingreso y egreso del programa, los medicamentos usados, entre otros.
