En el proceso de admisión universitaria 2026, más de 161 mil personas fueron seleccionadas para ingresar a alguna universidad del sistema de acceso centralizado en nuestro país. Aplicando la prevalencia estimada de autismo en la población general —alrededor del 1,06% según estudios recientes en Chile (basados en datos GBD 2021)—, se podría proyectar que entre 1.700 y 3.400 de estos nuevos estudiantes universitarios son personas autistas. Aunque aún no existe un estudio específico de prevalencia en población universitaria, esta estimación destaca una realidad clara: miles de jóvenes neurodivergentes ingresan cada año a un sistema que, por ley, debe dejar de tratarlos como excepciones.
La Ley 21.545 (de promoción de la inclusión de personas autistas) y la Ley 21.091 (de Educación Superior) establecen obligaciones concretas para las instituciones: garantizar entornos inclusivos, implementar ajustes razonables y crear mecanismos efectivos para facilitar el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes autistas. Esto se traduce en unidades de inclusión fortalecidas, programas de acompañamiento, coordinación con la docencia para adaptar evaluaciones (como formatos alternativos, extensiones de tiempo o entornos sensoriales más amigables) y protocolos que eviten decisiones arbitrarias. Además, SENADIS reporta un aumento sostenido en la matrícula de estudiantes con discapacidad en educación superior, alcanzando los 16.953 en 2025, con un crecimiento del 10,3% respecto al año anterior, lo que confirma que la necesidad de estos apoyos es estructural y no marginal.
La transición del colegio a la universidad representa un momento especialmente desafiante para las personas autistas. Significa dejar atrás entornos más estructurados y con adaptaciones ya consolidadas, para enfrentar campus grandes, cambios frecuentes de docentes, interacciones sociales menos predecibles y una mayor exigencia de autogestión. La legislación pone énfasis en la autonomía progresiva, lo que a menudo genera preocupación en las familias: en la educación superior, ya no es el apoderado quien gestiona las adecuaciones, sino el propio estudiante, quien debe reconocer sus necesidades, comunicarlas y conectarse con las unidades de apoyo.
Por eso, el enfoque no debería limitarse a exigir que “la universidad se adapte sin más”. Es clave construir puentes reales desde ambos lados. Por un lado, apoyar a los jóvenes autistas —desde la enseñanza media y en etapas de transición— para que desarrollen habilidades de autoconsciencia, comunicación asertiva de sus necesidades y confianza para ejercer sus derechos, sin sentirse expuestos o estigmatizados. A su vez, las instituciones deben ofrecer procedimientos simples, transparentes, accesibles y libres de barreras burocráticas o actitudinales, donde solicitar un ajuste sea visto como un acto normal de pertenencia a la comunidad universitaria, y no como una vulnerabilidad.
En definitiva, la inclusión en la educación superior no es un gesto de buena voluntad, sino un derecho exigible que enriquece a toda la comunidad con perspectivas diversas. Para las familias, el mensaje central es acompañar este proceso con confianza: preparar a sus hijos e hijas para ser protagonistas de su trayectoria, mientras exigen a las universidades políticas institucionales sólidas, recursos permanentes y equipos capacitados. Así, los números récord de acceso se convierten en trayectorias reales de éxito, autonomía y realización personal para las personas autistas.
Leonardo Vidal Hernández
Académico de Terapia Ocupacional, U. Central
