Cuando sube con fuerza el precio internacional del petróleo, los gobiernos enfrentan una disyuntiva incómoda. O dejan que el alza llegue más rápido al bolsillo de las personas, con todo el costo político que eso implica, o la amortiguan usando mecanismos fiscales. Lo importante es entender que, en este segundo caso, el costo no desaparece. Solo cambia de lugar.
Eso es, precisamente, lo que ha pasado con el debate sobre los combustibles en Chile. Parte de la discusión se ha llenado de comparaciones rápidas sobre déficit y deuda, pero el punto de fondo es más sencillo de explicar. Si el Estado decide suavizar hoy el alza de la bencina, alguien igual paga la cuenta. Si no la paga el consumidor de inmediato en el servicentro, la paga el Fisco usando ahorros acumulados o endeudándose más. En ambos casos, el costo sigue ahí.
Vale la pena detenerse un momento en esto, porque muchas veces se usan conceptos fiscales como si fueran intercambiables y no lo son. El déficit fiscal es, básicamente, la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta en un año. Si gasta más de lo que entra, hay déficit. Y ese déficit hay que financiarlo. Igual que en una casa: si a fin de mes los gastos superan el sueldo, la diferencia sale de los ahorros o de la deuda.
La deuda pública es otra cosa. No es lo que pasó en un año, sino la acumulación de muchos años. Es la mochila que va quedando de déficits anteriores. Por eso comparar déficits entre gobiernos sin mirar con cuánta deuda y con cuántos ahorros fiscales partía cada uno lleva a conclusiones engañosas. No es lo mismo tener un déficit cuando todavía se cuenta con holgura, que tenerlo cuando ya se arrastra una deuda alta, menos activos disponibles y una cuenta de intereses cada vez más pesada.
Y Chile hace rato dejó de discutir esto desde una posición cómoda. En las últimas dos décadas, el país ha registrado déficit estructural en 16 de los últimos 20 años. Es decir, no estamos ante una excepción aislada, sino frente a una tendencia persistente. A eso se suma que la deuda bruta ya llegó a 41,7% del PIB, muy cerca del nivel prudente de 45% que suele usarse como referencia fiscal. Dicho de otro modo: el margen para seguir postergando el ajuste se ha ido achicando.
Además, la deuda no es gratis. Cada año hay que pagar intereses. Y esos intereses no son una cifra abstracta: son recursos que dejan de ir a otras prioridades. Una parte creciente del presupuesto ya no financia salud, educación, seguridad o vivienda, sino el costo de haberse endeudado antes. Esa es una de las razones por las que el endeudamiento siempre debiera mirarse con cuidado. No porque sea ilegítimo usar deuda, sino porque la deuda de hoy es, en los hechos, un compromiso de recaudación futura. Es gasto presente que se termina pagando con impuestos de mañana (los contribuyentes pagarán de igual manera).
Mirado así, el déficit de 2025 ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ese año el Estado tuvo un déficit efectivo de casi 9,5 billones de pesos, del orden de US$10 mil millones. Como porcentaje del PIB, la cifra puede sonar pequeña. Pero si se la compara con los ingresos del propio Estado, cambia el panorama: equivale a 13,1% de todo lo que el Fisco recaudó en ese año. Por cada 100 pesos que entraron, se gastaron más de 113. Esa magnitud importa porque muestra que no se trata de un desajuste menor, sino de una decisión fiscal con efectos muy concretos.
También importa por su costo alternativo. Con cifras de este tamaño ya no estamos hablando de detalles presupuestarios, sino de montos comparables con grandes discusiones de política pública. Basta pensar en lo que se ha debatido en Chile sobre la condonación del CAE: una política de alto costo, presentada durante años como una reforma mayor. El déficit de un solo año se acerca a una magnitud de esa escala. Eso no significa que ambas cosas sean equivalentes, pero sí ayuda a entender de qué tipo de recursos estamos hablando.
En este cuadro, hay otro elemento que no conviene pasar por alto. El Consejo Fiscal Autónomo ha sido insistente en advertir que no bastaba con reconocer que los ingresos iban a ser menores que lo esperado. También había que ajustar el gasto. La idea es de sentido común: si entra menos plata, no basta con corregir la planilla; hay que moderar lo que se gasta. Sin embargo, eso no ocurrió con la fuerza necesaria. Y por eso cuesta tanto entender que, en un contexto de estrechez fiscal, el gasto en personal y en bienes y servicios del Estado haya seguido creciendo a tasas tan altas (8% real anual, en 2025).
También conviene desconfiar de una comparación que se repite mucho: que la deuda chilena sería “baja” porque, como porcentaje del PIB, sigue por debajo del promedio de la OCDE. Esa manera de mirar el problema es ingenua. No basta con preguntar cuánto debe un país; también importa a qué tasa se endeuda, cuánta confianza genera, cuánto le cuesta renovar esa deuda y qué capacidad real tiene para pagar intereses sin desplazar otras prioridades. Dos países pueden tener la misma deuda sobre PIB y enfrentar situaciones muy distintas si uno se financia barato y el otro paga una prima mayor por riesgo. Por eso comparar a Chile con economías desarrolladas, con monedas de reserva, mercados financieros más profundos y cargas de interés distintas, es una mirada parcial. La pregunta relevante no es solo si debemos menos que otros, sino si podemos sostener esa deuda sin seguir estrechando nuestro margen fiscal.
Y aquí entra otro punto que suele olvidarse: los activos del Tesoro son el colchón que permite resistir una crisis sin salir a endeudarse de inmediato. Si mañana enfrentáramos un shock de la magnitud de la crisis subprime, la pregunta no es retórica: hoy llegaríamos bastante menos preparados. Al cierre de 2025, los activos consolidados del Tesoro sumaban US$15.000 millones, equivalente a 4% del PIB, y dentro de ellos el FEES apenas alcanzaba US$3.800 millones. Es una cifra muy baja si se la compara con los niveles que tuvo ese fondo en la primera mitad de la década pasada, cuando se movía en montos varias veces superiores (con un peak de 17% del PIB). El propio Consejo Fiscal Autónomo advierte que los activos del Tesoro están hoy en niveles muy inferiores a los recomendados por el FMI, que eso limita la capacidad de respuesta ante eventuales crisis y que recomponer el FEES exigiría avanzar hacia superávits fiscales; de hecho, sugiere llevarlo gradualmente a un rango de entre 5% y 7% del PIB. Dicho simple: hemos ido gastando buena parte del airbag fiscal y hoy tenemos mucho menos margen para absorber un golpe externo grande sin trasladar rápidamente la cuenta a más deuda.
Todo esto vuelve más discutible la decisión de seguir usando mecanismos como el MEPCO para amortiguar el alza de los combustibles. No porque proteger a las familias sea un objetivo ilegítimo. Al contrario. Y aquí aparece la dimensión política de fondo. Este gobierno llegó con una idea económica clara: reducir impuestos corporativos para mejorar la rentabilidad de los proyectos, incentivar la inversión y apostar por más crecimiento. Esa visión puede compartirse o no, pero tiene una condición básica para funcionar: si se reducen ingresos tributarios, entonces debe bajar también el gasto estructural.
Por eso el manejo del alza de los combustibles no es una decisión aislada. Si el gobierno usa caja fiscal o más deuda para suavizar el impacto de los precios, hace más difícil después la tarea de reducir el gasto estructural que su propio programa necesita para ser viable. En otras palabras, evitó complicar mañana la consistencia fiscal de su proyecto.
Ésa es la verdadera economía política del asunto. No se trata solo de cuánto sube la bencina, ni de quién gana una discusión en redes sociales, ni de qué gráfico circula mejor. Se trata de decidir dónde se pone el costo: si en el bolsillo de las personas hoy, o en la caja fiscal y en los contribuyentes del mañana. El gobierno decidió no tocar la deuda para asegurar la viabilidad de su programa. ¿Valdrá la pena? Tiendo a creer que no, pero la suerte está echada; ya veremos.
Henry Wachtendorff
Profesor de Economía.
