En medio de la discusión nacional por el futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y los niveles de morosidad en el sistema, un reporte del Fondo Solidario de Crédito Universitario 2026 volvió a tensionar el debate, esta vez poniendo el foco directamente en autoridades políticas del país, tanto del nivel parlamentario como gubernamental.
Las cifras reflejan realidades diversas, con montos que van desde poco más de 1 millón de pesos hasta cerca de $40 millones. Entre las autoridades de Gobierno, uno de los casos más relevantes es el del actual delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, quien registra una deuda cercana a los $40 millones con la U. de Chile, posicionándose como uno de los montos más altos dentro del listado.
La situación generó reacción inmediata del Presidente José Antonio Kast, quien instó a los involucrados a regularizar sus compromisos financieros, subrayando que las autoridades deben dar señales claras de responsabilidad ante la ciudadanía.
Sin embargo, la aparición del nombre del delegado Figueroa en este contexto no es un episodio aislado. Su trayectoria ya había estado marcada por cuestionamientos públicos, particularmente a raíz de un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso que observó una serie de asesorías realizadas a la Municipalidad de La Cruz el año 2018.
