El gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó indicaciones a su proyecto de megareforma, donde destacan los cambios a la propuesta original en materia de tramitación ambiental. Esto en el contexto de que el Ejecutivo busca impulsar cambios en este tema bajo la mirada de que la actual legislación genera incertidumbre y desincentivos para la inversión.
Las indicaciones fueron ingresadas en la última parte de la jornada del lunes y este martes la Comisión de Medio Ambiente del Senado las revisó, junto con otras observaciones al proyecto en segundo trámite constitucional que ingresaron los senadores. La discusión fue citada hasta total despacho, situación que al cierre de esta edición todavía no sucedía, aunque la totalidad de las indicaciones del Ejecutivo ya habían sido aprobadas.
En las indicaciones destaca el cambio del Ejecutivo respecto a los plazos de tramitación administrativa. Antes, el gobierno buscaba que en seis meses los “órganos sectoriales” dieran una respuesta a los proyectos de inversión en tramitación, y ahora el plazo cambió a un año e involucra a todos los actos administrativos del Estado.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó el cambio por las críticas de los legisladores ante los plazos acotados y su constitucionalidad al tratarse de un “privilegio” para solo un sector.
Finalmente, la indicación fue aprobada por cuatro votos y una abstención del senador del Partido Socialista (PS), Alfonso De Urresti, quien hizo reserva de constitucionalidad de la norma por su alcance y, según la mirada de la oposición, el cambio afectaría a la ley indígena y se va a requerir una consulta indígena en la materia.
Tramitación ambiental
La comisión también abordó las indicaciones en relación a cambios en la Ley Bases Generales del Medio Ambiente. En este tema destaca la indicación del Ejecutivo que da pie atrás a la eliminación del Comité de Ministro, pero se le obliga a sesionar al menos 10 veces al año. Sin embargo, para las declaraciones de impacto ambiental (DIA), se mantiene la idea original de que sea el director ejecutivo del SEA el que resuelva en el caso de reclamación.
Para el caso de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) reclamadas, la indicación del Ejecutivo es en relación a ciertos escenarios y por personas que tengan calidad de “interesado”.
“Quienes hubiesen formulado observaciones durante el proceso de participación ciudadana solo podrán fundar su reclamación en dichas observaciones, así como en vicios procedimentales de carácter esencial”, dice la indicación.
