El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, recibió en La Moneda al presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Pedro Araya (PPD).
Ministro y senador estuvieron reunidos por cerca de dos horas, negociando las posibles modificaciones a la reforma, en circunstancias que el gobierno se ha negado a retirar el proyecto del Senado, como lo ha conminado el propio Araya, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y personeros oficialistas, como el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI).
El corazón de la controversia es el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, cuyas disposiciones, como el hecho de que el Presidente lo pueda aplicar por un máximo de 240 días sin pronunciamiento del Congreso, o que permita interceptar comunicaciones, han llevado a algunos a advertir posibles vulneraciones al Estado de derecho y hasta derivaciones a lógicas autoritarias.
De ahí que la pretensión de algunos senadores, Araya incluido, es que el gobierno claudique con la idea del nuevo estado de excepción y se allane a actualizar los que ya existen. De hecho, hay quienes consideran que la actual propuesta de gobierno puede quedar alojada como un acápite sobre «seguridad pública», en el actual estado de excepción constitucional de emergencia.
