La detención en Bolivia del marketer político Fernando Cerimedo y el hallazgo de una presunta “granja de bots” reabrieron en Chile una sospecha que desde la teoría democrática se viene planteando hace tiempo. Al margen de las aristas judiciales y penales que puede generar este caso, me parece oportuno reflexionar sobre el peligro que estas prácticas generan a las democracias.
En una primera mirada muchas personas intuyen que el gran peligro de los bots es la difusión de noticias falsas y variadas formas de desinformación. Este daño existe, ello es indudable, pero es el más manejable, ya que la desinformación puede verificarse, desmentirse y corregirse. Sostengo que el mayor daño es otro y opera en un plano distinto.
Si la desinformación corrompe la evidencia que la ciudadanía tiene sobre los hechos, los bots corrompen la evidencia que ésta tiene como colectivo. En otras palabras, el uso de bots muchas veces no busca convencer, sino simular el número. A esta técnica de fabricar consensos donde en realidad no los hay se le llama astroturfing. Se trata de una técnica que no persuade, sino que altera la distribución percibida de las opiniones.
Esto es muy importante y sensible para la democracia. Ningún ciudadano forma su juicio en el vacío. Las personas, muchas veces, de manera consciente o inconsciente, comparan sus apreciaciones y puntos de vista, con las de los demás. De esta forma, al parecer, los ciudadanos tienden a tomar más en serio aquello que muchos parecen sostener a la vez. Quien se cree en minoría tiende a replegarse y callar, y ese silencio refuerza la apariencia de mayoría. Por otro lado, una mayoría, aunque sea aparente, puede reordenar la agenda y alterar el orden de lo que se discute en la opinión pública y con ello en el sistema político.
Un trending topic sostenido de manera artificial es justamente esto: la simulación del apoyo masivo a una idea, política o decisión. No nos dice “esto es verdad”, tampoco argumenta racionalmente a favor de una postura, nos dice “la gran mayoría piensa de esta manera”. El ciudadano no es engañado sobre un hecho, sino sobre el estado de la opinión en su comunidad. Solo a modo de ejemplo, en la semana previa a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, unos cuatrocientos mil bots generaron cerca de una quinta parte de la conversación política en Twitter. ¿Qué se busca? No se pretende engañar a las personas con un hecho falso, sino crear un consenso aparente, que lleve a concluir que la corriente mayoritaria es la correcta o que frente a tanto apoyo el voto no genera ninguna incidencia, puesto que todo está decidido.
Robert Dahl habló de la comprensión ilustrada. Según este estándar para medir la calidad de una democracia, se plantea la exigencia de que el ciudadano cuente con oportunidades reales de instruirse sobre las alternativas relevantes antes de decidir y las consecuencias de la decisión. El bot no ataca la urna de votación ni altera sus resultados, actúa antes de la elección contaminando el ambiente político.
Además, se presenta otro riesgo. Una vez que la opinión pública toma consciencia de la existencia de los bots, cualquier movilización o consenso genuino puede ser descalificado como tal. Como se puede apreciar, el daño va por dos vías: se simula el apoyo existente y se niega el apoyo real. En ambos casos, los ciudadanos pierden referentes básicos para saber cuál es el verdadero pensamiento de la sociedad sobre determinados puntos.
La práctica de los bots no activa las alarmas del derecho electoral clásico. En efecto, acá no hay coacción, no hay fraudes en las mesas y tampoco se adulteran los votos. El daño se produce en el fuero interno del elector y antes de los procesos eleccionarios. Frente a estas situaciones son comprensibles las dudas de los órganos persecutores, como el Ministerio Público. Estamos frente a un daño real, pero que no logra encajar en las categorías que el derecho tradicionalmente reconoce.
¿Qué se hace? Desde luego el sistema político tiene que reaccionar. Sirve el etiquetado del contenido sintético, la alfabetización mediática, pero sobre todo es necesario concretar de una vez por todas el tránsito de la autorregulación de las plataformas hacia estándares vinculantes, con pleno respeto a la libertad de expresión. Las plataformas lucran con la viralidad que la manipulación produce, por ello no tienen muchos incentivos para desactivarla.
Una democracia que pierde la capacidad de saber qué piensa la mayoría ciudadana realmente se debilita. El caso Cerimedo se resolverá o se archivará en tribunales, pero los peligros que revela no lo harán. Un ciudadano usuario de redes sociales debería preguntarse frente a un trending topic no solo si lo que se está comentando es verdad, también debe cuestionarse si detrás de esa viralización hay mucha gente o solo la simulación de mucha gente.
Jorge Astudillo Muñoz
Académico en Derecho Político y Constitucional
