La inclusión del cantante urbano Jairo Vera en la parrilla artística de la Fiesta de la Palta Crucina 2026 motivó el emplazamiento del presidente de Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara Stewart, al Concejo Municipal de La Cruz y a los consejeros regionales de Valparaíso.
El artista fue formalizado como coautor del delito de violación en una causa por hechos que habrían ocurrido en Pelluhue en noviembre de 2022, cuando la denunciante era adolescente. Inicialmente quedó en prisión preventiva y posteriormente la Corte de Apelaciones de Talca sustituyó esa medida por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia.
“La formalización no equivale a una condena y la presunción de inocencia debe respetarse. Pero eso no impide exigir responsabilidad política. La Municipalidad debe explicar por qué consideró apropiado destinar recursos públicos a presentar, en un espectáculo familiar, a una persona formalizada en una investigación por una presunta violación grupal”, afirmó Palamara.
El abogado recalcó que la discusión no responde a preferencias musicales, sino a los criterios utilizados por las autoridades para seleccionar el espectáculo que será entregado a la comunidad.
“Aquí no estamos discutiendo gustos musicales. Estamos preguntando quién escogió al artista, cuánto costará su presentación, qué antecedentes tuvo a la vista, qué evaluación realizó y quién asumió la responsabilidad de incorporarlo a la parrilla. Esas preguntas no pueden ser contestadas con silencio”, sostuvo.
La Municipalidad informó que el 20 de agosto el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la contratación de la producción técnica del evento. Para Palamara, el problema no se limita a lo sometido formalmente a votación, sino que alcanza aquello de lo que los concejales no se ocuparon: el producto final que recibiría la comunidad.
“Una fiesta es más que un escenario. La parrilla artística es parte esencial del producto financiado. Si los concejales no sabían qué espectáculo se estaba preparando, permitieron que el proceso avanzara sin examinar lo más importante de cualquier show. Y si lo sabían, deben explicar qué antecedentes revisaron y qué criterios aceptaron. No hay una tercera alternativa”, señaló.
Palamara sostuvo que la fiscalización debía extenderse a todo el iter presupuestario: formulación, aprobación, contratación, ejecución y rendición. A su juicio, no basta con controlar documentos contables una vez que el dinero ya fue gastado.
“Fiscalizar también significa conocer qué se está comprando y qué recibirá finalmente la comunidad. Los concejales no fueron elegidos para levantar la mano y desentenderse del resultado. Debían preguntar quiénes serían contratados, cuánto costarían, quién los seleccionaría y bajo qué criterios. Aprobar no es fiscalizar”, enfatizó.
El presidente de Fundación Fuerza Ciudadana exigió publicar el presupuesto completo del evento, sus fuentes de financiamiento, las bases y ofertas de la licitación, la empresa adjudicada, los contratos y honorarios de los artistas, las órdenes de compra y los criterios utilizados para conformar la parrilla.
El abogado también emplazó a los consejeros regionales ante la presencia de la imagen institucional del Gobierno Regional de Valparaíso en la promoción de la fiesta.
“El logotipo del Gobierno Regional obliga a explicar qué proyecto se aprobó, por qué monto, qué gastos cubre y cómo se controlará su ejecución. Los CORE no fueron elegidos solamente para aprobar recursos. Tienen el deber de seguir el dinero, examinar el producto financiado y verificar su rendición”, declaró.
Palamara recordó que los consejeros regionales pueden requerir información al gobernador, encargar auditorías internas sobre materias específicas y solicitar que la autoridad rinda cuenta en una sesión especial.
“Que el gasto sea ejecutado por una municipalidad no elimina la responsabilidad del Gobierno Regional ni de sus fiscalizadores. Tercerizar la ejecución no terceriza el deber de control”, advirtió.
Finalmente, aclaró que su cuestionamiento no constituye una condena anticipada contra el artista ni necesariamente que exista una irregularidad presupuestaria. Se trata, explicó, de exigir que las autoridades justifiquen una decisión especialmente sensible y acrediten cómo están protegiendo los recursos públicos.
“Fiscalizar cuando el dinero ya se gastó es llegar tarde. Las autoridades todavía pueden actuar, transparentar los antecedentes y revisar la decisión. La presunción de inocencia protege al imputado, pero no convierte a las autoridades en inimputables políticamente. Ellas deben explicar por qué lo contrataron para un evento familiar y con qué recursos”, concluyó.
