El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta una de las principales controversias del Gobierno por la rebaja de condenas a violadores y abusadores sexuales de menores, algunos de los cuales actualmente se encuentran en libertad. Mientras se espera conocer el detalle de los beneficios otorgados y aquellos que pudieron ser suspendidos, La Moneda ha salido a respaldar al secretario de Estado.
“El ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República, la confianza que le da que un ministro ha cumplido con la ley”, señalaron desde el Ejecutivo.
Desde el oficialismo apuntan a que los tribunales interpretaron de manera equivocada la legislación que regula estos beneficios. El exministro de Justicia Hernán Larraín, quien impulsó la normativa, sostuvo que estos condenados debían quedar excluidos de las rebajas de penas.
“La interpretación de la corte es absolutamente garantista y equivocada frente a lo que es este beneficio”, afirmó el exministro de Justicia José Antonio Gómez, quien también defendió que las diferencias sobre la aplicación de la ley deben discutirse ante los tribunales.
Cruce de declaraciones divide al oficialismo
La polémica escaló luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondiera a los cuestionamientos de Larraín con una alusión a Paul Schäfer, líder de Colonia Dignidad. “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees, Hernán?”, lanzó.
