Intensas han sido las últimas jornadas en el Congreso a propósito de la tramitación del proyecto de ley de indulto conmutativo con el objetivo de evitar contagios de Covid-19 en las cárceles chilenas. De hecho, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el veto aditivo que fue presentado por el Gobierno.
El proyecto es seguido de cerca por la Agrupación de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos de la Región de Valparaíso (AFEPDD), desde donde criticaron la eventual incorporación de condenados por crímenes de lesa humanidad.
Mediante una declaración pública firmada por el presidente de AFEPDD, Eduardo Morris, expresó: “Condenamos y rechazamos, absolutamente, que el Gobierno, expresión de la ultra derecha integrista, que impuso el perverso neoliberalismo y la Constitución que lo ampara y reproduce por medio del terrorismo de estado, provocando un auténtico genocidio, pretenda en un proyecto de ley, de manera encubierta, cambiar las condenas de cárcel -que no son a la medida de losdelitos cometidos- por arrestos domiciliarios a esos criminales de lesa humanidad, genocidas del pueblo de Chile”.
En el escrito añade que “esta abominable acción es contraria a los Pactos, Convenciones y demás Instrumentos y Normas del Derecho Internacional Humanitario que el Estado de Chile ha firmado y ratificado,los que debe honrar y no transgredir para consumar legalmente la indigna impunidad. Además, se burla de nosotros familiares y de nuestros asesinados y detenidos desaparecidos y nos hiere profundamente presentándonos como inhumanos y poco menos que victimarios de estos criminales de lesa humanidad. La Derecha es y será siempre siniestra”.
De igual forma, Morris insta a los parlamentarios a que “no deben hacerse cómplices del Gobierno en este proyecto de ley, ni ser benefactores de los criminales de lesa humanidad y exigimos rotundamente se rechace este proyecto de ley”.
Finalmente, Morris aprovechó la instancia para, según señaló, denunciar, “la inhumana decisión del Gobierno y del Poder Judicial de no acceder al cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario a la/os detenida/os política/os de la protesta social por supuestos delitos -según el principio de inocencia- mientras los autores de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del estallido social del 18 de Octubre de 2019; que fueron denunciadas y comprobadas por todos los Organismos Internacionales que han visitado Chile, están en total libertad. El Gobierno y la Derecha los protege”.
