Fue mediante dos oficios dirigidos al Servicio Nacional de Menores y al Ministerio del Interior (de quien depende la Agencia Nacional de Inteligencia), que durante esta jornada el Instituto Nacional de Derechos Humanos exigió conocer los fundamentos del acuerdo suscrito entre la ANI y el Sename para el intercambio de información. Ésta es un situación que, según advirtió el jefe del INDH, Sergio Micco, no pone en primer lugar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Sobre las dudas que desató el convenio, Micco expresó que «se puede estar creando una base (de datos) que puede terminar afectando gravemente el derecho a privacidad de niños, niñas y adolescentes, que están sometidos a custodia y cuidado del Estado. Estamos hablando de los más discriminados de los discriminados de nuestra sociedad y nos preguntamos qué tiene que ver el interés superior de un niño con la Agencia Nacional de Inteligencia, que está dedicada a hacer labores de inteligencia y de contrainteligencia con respecto a grupos terroristas o grupos criminales altamente organizados”.
Además, el director de la entidad, añadió que «resulta preocupante para el INDH desconocer los fundamentos que llevaron a ambas instituciones a celebrar este convenio y la información específica que la ANI podría solicitar al SENAME, lo que podría vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, la protección de la privacidad de los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho y sus familias e incluso el principio de interés superior del niño que deben observar todos los órganos del Estado”.
Asimismo, Micco agregó que “esos datos son extremadamente sensibles especialmente en estos niños, niñas y adolescentes quienes, a la vez, son sometidos a graves arbitrariedades por esta sociedad, y cuyos derechos han sido severamente violentados».
Cabe señalar que la ley vigente en materia de protección de datos personales establece un estatuto especial de protección de los datos sensibles y advierte que no pueden ser objeto de tratamiento, a menos que la ley lo autorice y haya consentimiento del titular para beneficios de salud.
