El anuncio del Gobierno de dejar sin efecto el convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fue valorado por representantes del Consejo para la Transparencia (CPLT). La decisión fue informada durante la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, esta mañana.
Jorge Jaraquemada, presidente del CPLT, calificó el hecho como “una buena noticia”, ofreciendo además la colaboración de la entidad para elaborar un protocolo que reemplazará al cuestionado instrumento, con el fin de regular de mejor manera la información de este servicio y de las entidades que se crearán en su reemplazo dado que a juicio del abogado “Es fundamental proteger la privacidad de los niños, niñas y adolescentes”.
En tanto, la consejera de la corporación, Gloria de la Fuente, quien representó al CPLT en la sesión de la comisión, expresó que «nos alegramos de que se retrotraiga este convenio”, agregando que “es muy necesario generar un trabajo particularmente con los organismos competentes para poder instarlos a revisar en general los vacíos que existen en la normativa y que hacen imposible el tratamiento de datos particularmente sensibles como ocurre en este caso”.
De la Fuente explicó que al tratarse de una entidad de la cual dependen datos personales y sensibles de niños, niñas y adolescentes –los que requieren de especial protección- y tras el análisis realizado por el Consejo para la Transparencia pudo establecerse que “es, al menos, discutible que exista una base de licitud para el tratamiento de los datos así como se propone en este convenio”.
La consejera planteó también la pertinencia de abordar el tema de forma más global para revisar no sólo este convenio en específico “creemos que dado lo expuesto que queda de manifiesto –lo han dicho las propias autoridades- que es un convenio que hay que retrotraer”, pero además subrayó “la necesidad de poder efectivamente establecer un marco legal que le de sostenibilidad y no genere vacíos y vulnerabilidades particularmente para niños niñas y adolescentes de nuestro país”.
En esa línea, De la Fuente refirió a dos discusiones relevantes que actualmente se están dando en el seno del Congreso y que refieren a vacíos legales o a iniciativas que ayudarían en la práctica a resolver varias deficiencias que se han evidenciado a partir de este instrumento suscrito por el Sename. La primera, «la tramitación del proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado» (Boletín N°12.234-02) y “la desactualización de nuestra normativa sobre protección de datos personales. Las circunstancias actuales dan cuenta de la necesidad de fortalecer nuestro sistema legal de protección de datos”, espetó.
De la Fuente finalizó señalando que «cuando tenemos garantías constitucionales tan potentes como las que tenemos en materia de protección de datos personales es necesario que la ley especifique claramente los marcos en que esto ocurre y creemos que hay un vacío en la legislación que es necesario atender a la brevedad”.
