Satisfecha se manifestó la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogerá el recurso de protección presentado por el abogado Álvaro Toro V., en representación de la comunidad de Putaendo, frente a la falta de Participación Ciudadana del Proyecto Minero “Vizcachitas”.
La parlamentaria destacó que “valoramos este fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque tal como lo indicamos en abril de este año -en declaración conjunta de organizaciones y parlamentarios- solicitamos suspender los plazos de tramitación de los proyectos de inversión, debido a la inequidad que se produce en tanto comunidades y afectados no están en igualdad de condiciones con el sector privado para participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
En esa misma línea, la senadora socialista indicó que “fuimos claros en criticar la oportunidad en que la autoridad regional aprobó el proyecto de prospección minera, pues creemos que la falta de participación ciudadana es cuestionable y demuestra una gran desigualdad territorial. Con este fallo, esto ha quedado meridianamente establecido”.
Isabel Allende insistió que “la legislación ambiental es parte de los avances que hemos realizado en democracia, y se está perfeccionando continuamente. En esa línea, los procesos de participación ciudadana son claves para que sea la propia comunidad quien se exprese frente a cualquier proyecto de desarrollo que se efectúe, ya que éste debe compatibilizar con los requerimientos e impactos de diversos tipos que genera en el entorno donde se ubica y la población que allí habita”.
Finalmente, la legisladora manifestó que “hoy ante la emergencia sanitaria que vive el país lo razonable es suspender todos los procesos de evaluación ambiental que puedan traer consigo alguna consecuencia para las comunidades, y es precisamente el sentir de la ciudadanía de Putaendo. Ahora corresponde establecer los plazos y procedimientos para que este proceso de Participación Ciudadana se realice con los estándares sanitarios que se requieran, y en definitiva, se tome en consideración el parecer de la comunidad”.