“La observación de los procesos constituyentes nos muestra que las nuevas constituciones reúnen dos requisitos. Por un lado, son resultado de acuerdos políticos lo más amplios posibles dentro de las fuerzas democráticas, y por otro, tienen legitimidad social, de modo que tales acuerdos y el proceso de cambio son apoyados por la ciudadanía”. Así comienza «7 propuestas para la nueva Constitución de Chile», libro publicado por Editorial Usach y coeditado por la politóloga Pamela Figueroa y el abogado Tomás Jordán en el que, tal como señala el título, se sugieren siete temas que debieran estar contenidos en la próxima Carta Magna.
En su propuesta, Jordán afirma la necesidad de dejar atrás el Estado subsidiario, cuyo motor de todas las soluciones es el actor privado con base a la oferta y la demanda, dejándole al Estado una intervención mínima o residual; y avanzar hacia uno en “perspectiva social”, sostenido en los criterios de redistribución y solidaridad en materia de derechos sociales.
“El estallido social y la pandemia COVID-19 han dado cuenta de la precariedad del sistema de garantías sociales básicas”, señala Jordán en el libro, apuntando a que el modelo subsidiario quedó “al debe” con el sistema de pensiones, el sistema de salud, la educación y la vivienda digna. A su juicio, el Estado subsidiario puede seguir operando en aquellas materias no sociales, tales como el comercio en general, donde el Estado cumple un rol regulador y fiscalizador de los privados, pero en materia de derechos sociales, el eje rector debe estar puesto en lo público. “Por público me refiero a que la provisión de bienes sociales las puede otorgar el Estado o el privado, pero estos últimos sujetos a los criterios de redistribución y solidaridad”, indica.
Por su parte, Figueroa plantea la necesidad de reformar el régimen político presidencial hacia una fórmula que reduzca el poder al Presidente y lo equilibre con el Legislativo de forma colaborativa, ello, con legitimidad ciudadana. Su diagnóstico es que “el presidente constantemente se encuentra con que no logra las mayorías en el Congreso y eso provoca el bloqueo y las trabas para avanzar en los programas de gobierno y en las legislaciones”.
Ante eso, señala una serie de medidas tales como establecer un presidencialismo parlamentario, la facultad del Presidente de la República de disolver por una sola vez durante los dos primeros años de su mandato el Congreso; a su vez, la facultad de Congreso de censurar al Presidente y convocar a nuevas elecciones presidenciales; un Congreso unicameral, entre otros.
Otras propuestas
En la tercera propuesta, escrita por el abogado Matías Silva Alliende, se sostiene la necesidad de un nuevo paradigma, en el marco de un Estado social y democrático de derecho, ello, con exigibilidad universal de los derechos, haciendo hincapié en los derechos sociales como también en nuevos derechos, tales como derechos de igualdad entre hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes, el derecho a la vivienda, la protección de la naturaleza, entre otros.
Para la abogada Minda Bustamante, la nueva Constitución debe incluir el reconocimiento, por primera vez, de los pueblos indígenas. Considera como desafíos pendientes la plurinacionalidad, el reconocimiento de los territorios y los recursos; el promover una mayor participación de mujeres indígenas en la institucionalidad estatal o en espacios de decisión y la representación política de los pueblos.
La incorporación de participación ciudadana y los mecanismos de democracia directa, tales como los plebiscitos, la iniciativa popular de ley y las consultas populares, son la quinta propuesta, realizada por la abogada Carolina Meza Prambs, quien indica que son claves en las democracias actuales en cuanto permiten legitimar las decisiones de las autoridades y recuperar la confianza en las instituciones democráticas, haciendo parte a la ciudadanía del juego político.
La sexta idea, desarrollada por el cientista político Claudio Fuentes González y el académico Egon Montecinos, afirma la idea de un Estado unitario descentralizado que signifique una distribución del poder efectivo, con capacidad de decisión e infraestructura institucional para ello, desde el nivel nacional hacia lo subnacional. Esto involucra una descentralización fiscal y política efectiva; dotar a los municipios de atribuciones y funciones de gobierno local y así dejar atrás el carácter meramente administrativo que establece la constitución y las leyes, descentralizar el capital humano y la creación de agencias regionales para las políticas públicas subnacionales.
Por último, el abogado José Ignacio Núñez invita a repensar la justicia constitucional, por medio de una mayor participación del Congreso en nombramientos y audiencias públicas para todos los nombramientos del Tribunal Constitucional, limitar el control preventivo solamente a vicios de forma y fundir Inaplicabilidad e Inconstitucionalidad, configurando un control incidental abstracto.
La publicación se encuentra disponible para lectura gratuita en formato ebook y desde ya se pueden reservar ejemplares escribiendo a ventas.editorial@usach.cl.
