Por Isabel Allende Bussi
La Dirección del Trabajo (DT) de Chile comienza su historia en los años 20′ del siglo pasado, al alero de las diversas reformas sociales que fueron creándose para enfrentar el abuso de la incipiente industria chilena sobre los trabajadores del país, que a ese tiempo se encontraban en un estado grave de desprotección.
La DT ha debido enfrentar el impacto de una serie de normas laborales que se han aprobado durante los últimos años, y que sin duda han aumentado su carga de trabajo y sobre todo la exigencia de cautelar que en Chile exista el «Trabajo Decente», por ello resultaba imprescindible su transformación.
Esta vital institución cuenta con una normativa orgánica del año 1967, por ello la urgente necesidad de modernizar su reglamentación interna, particularmente considerando que sus funcionarios merecían un nuevo trato. Para esto, las diversas asociaciones han empujado un proceso de modernización, colaborando con la discusión de un proyecto de ley aprobado esta semana en el Senado.
En la región de Valparaíso, la Dirección del Trabajo concentra a cerca de 700 funcionarios, lo que demuestra la importancia de este servicio. Sin embargo, la gran mayoría de ellos se encuentran a contrata, de ahí la importancia de este proyecto que establece el fortalecimiento de la carrera funcionaria con la debida actualizando de la planta de traxajadores. En esta línea, se incorpora la concursabilidad como elemento fundamental para el ingreso al servicio y para asumir jefaturas.
El proyecto también avanza en la modernización del servicio, estableciendo entre otros elementos, un mecanismo de consultas públicas sobre las instrucciones y pronunciamientos de la Dirección, creando un compendio anual de dictámenes.
Establece, además, criterios para determinar el monto de las sanciones asociadas a infracciones, y así otorgar mayor seguridad jurídica frente a eventuales incumplimientos.
La modernización igualmente contempla la creación de un sistema de turnos para asegurar uno de los roles más importantes de la DT, que es la fiscalización a toda hora, pensando en empresas que trabajan en sistemas continuos.
Un tema fundamental es la creación de la unidad de atención a las MIPYMES, la cual se espera que se convierta en soporte para que estas empresas -que no siempre tienen asesoría jurídica- ajusten su comportamiento de acuerdo con la normativa laboral y eviten caer en infracciones que los perjudica, tanto a ellos como a sus trabajadores.
En tiempos como los que vivimos en que las relaciones de trabajo se han transformado, y seguirán haciéndolo, no sólo por los inevitables procesos de automatización, sino por las condiciones naturales que hoy vivimos y que han hecho que el trabajo a distancia se tome parte importante de la vida de las chilenas y chilenos, es fundamental que la institución pública a cargo de garantizar la adecuada aplicación de nuestra legislación laboral, cuente con más y mejores herramientas para su cometido.
En este sentido, el proyecto también fortalece la mediación como método de resolución de conflictos, pues en Chile, y sobre todo en las relaciones laborales, debe existir un verdadero diálogo social que permita la construcción de acuerdos, y evite el desgate de los trabajadores y sus organizaciones en procesos judiciales.
En suma, con este proyecto cumplimos un paso importante en la modernización del Estado, a una de sus instituciones más valiosas, y también contribuimos a que las relaciones laborales en nuestro país sean cada vez más justas y equitativas, para que realmente se cumpla el principio de protección del trabajador y la trabajadora, que debe guiar el espíritu no solo de nuestras normas sino principalmente el de nuestra sociedad.
(Fuente: Puranoticia).
