Por Pierre Ostiguy
Profesor titular
Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso.
(En informe de análisis de contingencia del Observatorio para la Gestión y Análisis Político, de la Escuela de Administración Pública de la UV).
El 25 de octubre ocurrió algo novedoso en Chile a nivel de sociología política. Por primera vez en décadas, hubo una relación muy fuerte entre nivel socioeconómico a escala comunal y algún resultado político observable y de fácil interpretación. Hace años, y no solo en Chile sino en todo el mundo, que el criterio socioeconómico no se relaciona linealmente a la distinción izquierda-política en el sistema de partidos, como antaño se enseñaba en manuales o lo desearía una versión simple del Marxismo. Ya es muy conocida la fuerza electoral de la UDI Popular la década pasada en barrios populares, o inversamente, la popularidad más reciente del Frente Amplio en la juventud de Nuñoa o Providencia. El plebiscito sin embargo es distinto, aún si no se asocia de modo convencional a izquierda-derecha. Llama mucho la atención el entusiasmo y el consenso para el Apruebo en comunas populares, en relación a un proceso que uno bien podría pensar es “de constitucionalistas, abogados y doctores”. Se podría creer (por lo menos en teoría) que un proceso electoral donde haya un candidato presidencial que prometa una redistribución masiva de ingresos conseguiría mayor participación y polarización que un proceso constitucional; pero no es así. Algo, pues, está pasando.
Primero, dos hechos de sociología política llaman fuertemente la atención. En contraste con las tasas de participación muy bajas que los procesos electorales propios a la democracia representativa han conseguidos en las comunas (y por extensión, sectores) populares del país, y en contraste con los niveles de participación siempre robustos en las comunas de sectores medio-altos y altos, el plebiscito ha suscitado un entusiasmo popular sin precedentes en las últimas décadas (una participación que además iba disminuyendo progresivamente desde que el voto es facultativo). En el populoso Puente Alto, por ejemplo, creció la participación de un 14% —o sea, 60,800 adultos más se desplazaron— de 43% en la presidencial de 2017 a 57%. Esa última tasa es apenas 5% menos que en Las Condes, cuando esa brecha había sido de más de 22% en la presidencial.
En la comuna más pobre de Santiago, La Pintana, la participación en la segunda vuelta presidencial había sido un mediocre 37%, en 2017; en el plebiscito también saltó, como en Puente Alto, de 14%. Mientras tanto, en Las Condes o en Vitacura fueron a votar menos personas en el plebiscito que en la segunda vuelta presidencial de 2017. Este aumento del entusiasmo para el proceso no fue, sin duda, el producto de divisiones dentro del mundo popular, sino muy al contrario el producto de un masivo consenso (más de 88% Apruebo, en las dos comunas mencionadas). Es decir, manifiestamente el cambio constitucional hace caminar a los de menores ingresos, de un modo que la elección de un Presidente no lo hace.
Se ha enfatizado a saciedad el comportamiento “contrera” de las tres comunas “altas” de Santiago, al cual habría que añadir, en verdad, el de “nuestra” Reñaca, donde ganó el Rechazo con un sustancial 60%, la “cuarta comuna” de importancia de hecho para el Rechazo. Lo que sin embargo no se ha notado es la regresión casi perfecta, “espectacular» entre indicadores de nivel socioeconómico comunal y el voto para el Apruebo. Tomo aquí las comunas del Gran Santiago, no en un afán centralista sino porque esa población se caracteriza por una alta variabilidad (o fuerte diferenciación) socioeconómica entre comunas.
Marcelo Larrondo Vicencio, estudiante de tercer año de la Escuela de Administración Publica, tuvo la excelente idea e iniciativa de ir a buscar el indicador de “Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos” (y también el multidimensional) por comuna, y de empezar con una regresión lineal entre ese índice y el porcentaje de voto para el Apruebo.
Los resultados son impresionantes, y ahora no solamente para las tres comunas, sino para las 52 comunas que conforman la RM. La hipótesis nula de que aquí “no pasa nada” se puede rotundamente rechazar. Para hablar brevemente en jerga estadística, la regresión lineal entre el indicador de pobreza multidimensional (del MINDES) y el voto Apruebo (ambos, por comuna) muestra una llamada estadística t de 4.9 –cuando para la mayoría de los investigadores, una estadística t de 2 suele considerarse como éxito, para ser significativo. No solamente el valor de ese test-t es remarcablemente alto, sino, vinculado a eso, ¡el modelo muestra un nivel de confianza absolutamente estelar, a 99.999%! En la praxis estadística, se le suele poner la “condecoración” máxima de tres estrellas cando el valor p es inferior a 0,001 –¡y éste aquí es cien veces más chico que eso! Estamos, pues, mirando un “cielo estrellado”.
La hipótesis nula (de que “no pasa nada”) está más que rechazada. Y los resultados no cambian mucho si se toma el índice de pobreza por ingreso (del MINDES) para esas mismas 52 comunas, y no el multidimensional (racio t de 4,6 y valor p de 0,0003). La regresión lineal mencionada se interpreta de ese modo: por cada 1.2% de aumento en el índice de pobreza de una comuna, aumenta entonces de 1% el voto para Apruebo. Así de simple.
El resultado es a mi parecer aún más espectacular visualmente, al presentar el grafico de dispersión, que no es otra cosa que el porcentaje de votos Apruebo para cada una de las 34 comunas del Gran Santiago, rankeadas por su nivel de pobreza por ingreso. Ahí se ve que la relación entre el índice sobre la presencia de pobreza y el voto no es propiamente dicho una línea recta, sino, más bien, una curva –donde el voto para el Rechazo se dispara a medida que son comunas muy homogéneas sin presencia de pobreza en su seno.
Para este tipo de curva, la única opción que un programa como Excel da para trazar una una curva de esa forma es la de una regresión de tipo logarítmico, cuya interpretación si bien no cabe en una columna, básicamente traduce el carácter exponencial del cambio en el voto, a medida que una comuna es más homogénea en su ausencia de pobreza. Con esa curva de tipo logarítmico hay una adecuación casi perfecta de la línea de regresión con los puntos concretos de las comunas.
Una advertencia, sin embargo, está en orden. Es cierto que con un índice de presencia de pobreza en una comuna que este por arriba del 4% (cifra que en verdad no es muy alta), un aumento adicional en el índice de presencia de pobreza no hace una diferencia muy grande sobre el porcentaje de voto para el Apruebo –ya por arriba del 80%. Y son 25 comunas, más “normales” socialmente, sobre 34. En jerga estadística, la línea está casi recta y plana, arriba de aquel 4% en el índice de pobreza. Un trabajo que usara el ingreso promedio de cada comuna, vinculándolo con los resultados del plebiscito, sería sin duda mucho más elocuente, pero sobrepasa el objetivo más modesto de esta columna.
De todos modos, mirando bien nuestro grafico de dispersión, no cabe duda que para el Gran Santiago, no son 3, sino claramente 6 las comunas que “tiran la curva hacia abajo” (hacia la exponencialidad del Rechazo) en esa regresión: en orden de efectos, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, La Reina y Ñuñoa –lo que en verdad no es ninguna coincidencia para cualquiera que conozca la RM. Y como siempre, la comuna que es más “progre” que lo que predeciría su nivel de ingreso es Ñuñoa. Dejando ahora las estadísticas llamativas de sociología política y volviendo a una lógica política más “columnista”, detecto un peligro significativo para la dinámica social chilena, en relación al proceso constituyente que despertó tantas esperanzas y que se pone en marcha vía votación.
En contraste con tantas pero tantas columnas que uno lee en los medios hegemónicos de comunicación, advirtiendo sobre el peligro de un “desborde social”, o un exceso de demandas, o sobre el “populismo” (inexistente en Chile además), creo que el peligro es de un cierto modo algo al revés, a nivel preciso de la relación entre el desenvolvimiento concreto de la política chilena (de todos los días) y la lógica sociopolítica de hace un año. De la promesa algo redentora y refundacional del acuerdo de noviembre, de la movilización popular (que quedó interrumpida por la pandemia del Covid-19 durante 2020), observo sorprendido que, incluso para la elección de la Asamblea Constituyente (que coincide en cuanto a fechas con elecciones representativas ordinarias), el juego político en Chile parece haber vuelto a una cierta normalidad que fue precisamente una causa del estallido de octubre. Es decir, la política que consiste en un juego de distintas personas de la política oficial para posicionarse para cargos y/o constituyentes, los dos, además algo intercambiables para esos jugadores; el rol de los altos cuadros de partidos para decidir “quién va”, y “a donde”, en las principales listas; o sea, el despliegue de la política básicamente y principalmente como campo para una profesión especializada, de jugadores que “ya están adentro” y que juegan sus fichas. No hay por cierto nada malo de por sí en eso; pero considerando que el diagnostico generalizado y aceptado del “problema político chileno” es la falta de conexión entre los políticos profesionales (la “casta”, exageraría la gente de Podemos en España) y la población en su conjunto (“la política a mí no me cambia nada”), es por lo menos paradójico y signo de incapacidad de lectura interpretativa correcta que después del “lío de octubre” con todos sus movimientos, el modo de operar de la política concreta quede en gran medida como si no hubiese pasado nada.
Tengo delante de mí, por ejemplo, una tapa del diario local cuyo título es “Comienzan roces después de la inscripción de candidatos. En Valparaíso, ediles piden que la Secpla Tania Madriaga, candidata a constituyente, deje su cargo a la brevedad. En Concón, Valdovinos y Rojas se acusan de …; en tanto, en Quillota el alcalde Mella renuncia a la DC”. En verdad, ¿a quién le puede posiblemente importar eso? Hay que ser un fanático de la política para interesarse en esos vaivenes. Mejor el fútbol. Es como el relato de las intrigas particulares de individuos con sus ambiciones personales dentro de una gran empresa, que juegan sus fichas. “Tengo otras cosas para hacer”, pensarán más de uno.
Por cierto, por otra parte, los movimientos sociales así como en particular la gente estigmatizada como “violentos” no se han caracterizado de sobremanera por una capacidad de organización propia y duradera, independiente de los partidos políticos establecidos y de su juego profesional, para contribuir a refundar un “nuevo Chile”. Hay, sin dudas, excepciones. Se verán aquí, quizá, una vez más cuáles son los límites del “basismo”. Considerando que fue empíricamente la energía o “fuego” (¡literalmente!) de la calle lo que prendió todo este proceso, ¿hay algún hacedor de barricada en las listas a constituyentes? ¿Alguien de la tan mentada “primera línea”? Por lo que sepa, ni uno solo, en los que se presentan. La diversidad—por el origen del problema—no poder ser (por lo menos a nivel informal) solamente de género y de indígenas, por muy indispensable que sea. Pero tampoco es que muchos de ellos “se” organizaron, para pasar de la calle (nocturna) a la Asamblea. Las maquinarias políticas, por diversas entre sí que son las tres listas, parecen dominar el terreno. ¿Aquellos se sentirán involucrados y representados, o habrá más adelante una vuelta más
de nihilismo alienado?
Finalmente, hay un grupo que es “intermedio” en cuanto a sociología política: ni las “bases enojadas” jóvenes y “de barricadas”, ni la “clase política” profesional (sin duda diversa políticamente, pero con una praxis bien determinada), sino lo que yo llamaría la “clase hablante”, o los sectores progresistas con educación universitaria que saben “articular demandas” y discursos, y hablar “como corresponde” (en conferencias), de modo visiblemente “respetable” en público. Es el grupo sociológico quizá más involucrado fuera de su cotidianidad profesional en lo de la nueva constitución. La advertencia a mis pares es que este conjunto no solapa del todo (¡como mínimo!), ni tampoco puede auto-atribuirse la representación de, la gente que efectivamente estuvo en la calle en esos días agitados y violentos (de ambas partes) de octubre y noviembre. Mi punto aquí, quizá, es que la representación no es principalmente programática, como se suele decir y pensar en Chile, sino por lo menos igualmente corporal, física.
Y es eso que veo potencialmente ausente en el proceso que rodea el 11 de abril. La cuestión no es, para nada, de “presionar desde afuera”, como en algún momento lo sugirió el PC, sino más bien y bien al contrario, ver si la Asamblea podría ser realmente plural sociológicamente, incluso con gente a la que se suele ver como “fuera de lugar” en esos lugares oficiales (o sea, del 60% mayoritario del país). De lo contrario, esa fuerte esperanza popular, en el sentido socioeconómico descrito al principio, arriesga verse decepcionada como producto de un “más de lo mismo” a nivel de praxis profesional. La cuestión sería ver si, en vez de siempre oponerse al Estado (aún sí pidiéndole más derechos sociales), pudiese haber también gente que “no tiene pinta de” que pudiera estar dentro de la entidad cuya misión es precisamente refundar lo común, para todos.
(Publicado originalmente en primer informe de análisis de contingencia del Observatorio para la Gestión y Análisis Político, de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Diario La Región Hoy cuenta con la debida autorización para su publicación).
