Este lunes Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
Esta organización internacional enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado, y pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.
En un informe, HRW aseguró que el operativo venezolano «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados».
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe, indicó que «las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro».
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.
El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve «terroristas» fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.
(Fuente: Cooperativa).
(Foto: EFE).
