Personal del Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) de Gendarmería, en conjunto con funcionarios de la Policía de Investigaciones detuvieron a al sargento segundo, de iniciales F.G.B.S., quien se desempeñaba en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota. El gendarme pasará a control de detención por una posible infracción a la ley 20.000.
El arresto se efectuó en el domicilio particular del funcionario, quien se desempeñaba como paramédico, y mantenía en su poder cuatro botellas plásticas contenedoras de alcohol etílico, 125,99 gramos. de cannabis sativa, 9,2 gramos de clorhidrato de cocaína, 2,2 gramos de pasta base de cocaína, 29 dosis de clonazepam, 25 dosis y media sin identificar, un mano libre, dos celulares, un cable de USB y dinero en efectivo.
El director regional (s) de Gendarmería, coronel Luciano Chávez, afirmó que “gracias al trabajo de la Dicrim y el ministerio público el día de ayer se logró la detención de un funcionario de la unidad penal de Quillota, quien, luego de su horario laboral, se reunió con la pareja de un interno que cumple condena en la misma unidad. La mujer le entregó droga, alcohol y otros elementos, los que el funcionario llevó hasta su domicilio, donde finalmente fue detenido”.
“En Gendarmería tenemos tolerancia cero con el personal que se aparta de los lineamientos institucionales. Por lo mismo es que ya se inició el proceso de destitución del detenido y, de forma paralela, un sumario administrativo para aclarar los hechos ocurridos. Junto a todo esto vamos a entregar toda la cooperación que se nos requiera de parte del ministerio público”.
“Debo felicitar al personal de la Dicrim y a todos los que hicieron posible el exitoso resultado de esta investigación. Llevamos adelante un plan anticorrupción y es nuestro deber ser protagonistas en el esclarecimiento de hechos que vengan a enlodar el arduo y honesto trabajo que realiza la inmensa mayoría de nuestros funcionarios”, agregó el coronel Chávez.
Tras su formalización realizada este jueves, donde se le imputaron los delitos de cohecho y tráfico ilícito de drogas, el funcionario quedó en prisión preventiva. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.
