Ayer domingo el Gobierno chileno expulsó del país a 56 migrantes venezolanos, quienes fueron detenidos durante este fin de semana en Santiago, Antofagasta y Tarapacá. La información fue compartida a primera hora por el Servicio Jesuita Migrante, que alertó respecto de la situación de 25 personas: “Observamos con indignación cómo niños pequeños ingresan a despedirse de personas migrantes que serán expulsadas colectivamente”.
Más tarde, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ratificó la denuncia, señalando que una veintena de personas expulsadas estaría vinculada al tráfico de menores, tráfico de drogas y robo con violencia. “Por otro lado, hay personas que tienen una expulsión administrativa por haber ingresado de manera clandestina a Chile”, señaló el secretario de Estado.
“Lo único que esperamos es que estas personas, en sus países o en su país de origen, en este caso Venezuela, puedan rehacer su vida sin tener que vivir algunos temas que ya vivieron estando en Chile”, agregó la autoridad, cuya intervención fue respaldada por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien indicó que “el ingreso clandestino involucra serios riesgos para las personas”.
“Aquellas personas que ingresan clandestinamente a nuestro país quedan en las peores condiciones de precariedad. Esas personas terminan trabajando informalmente, muchas veces no tienen donde vivir o pagan sumas exorbitantes para arrendar una pieza, porque no tienen formalidad en Chile”, dijo Galli.
Por supuesto, la nueva expulsión masiva fue duramente criticada por las organizaciones sociales que vieron en esta acción una vulneración a los derechos humanos. El secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, manifestó que la situación es grave, ya que se da luego de que organismos internacionales como la ONU condenaran las expulsiones masivas.
“Las expulsiones no resuelven ningún problema. No van a detener los flujos migratorios. Esto de las expulsiones tiene que ver más con mostrar la utilización de la migración desde un punto de vista político y mostrar que se está haciendo algo, pero se está engañando a la gente, porque las expulsiones no significan una política migratoria, ni modificar la situación real”, dijo Cardoza.
“Lo que se está haciendo es normalizar la violación de los derechos humanos del otro. Le quitamos todos los derechos porque pasó por un paso no habilitado. Eso es una política racista”, recalcó el dirigente.
Cardoza también criticó la justificación del Gobierno ante esta nueva expulsión masiva y señaló que, detrás del discurso oficial, existe un alto grado de “hipocresía” respecto de la situación migratoria del país. “Se habla de que por el bien de las personas se les expulsa, dado que al estar sin documentos se prestan para que gente inescrupulosa los explote, cuando quien tiene la autoridad para entregarlo es el Ministro del Interior, el Gobierno. Entonces, es un discurso que no se sustenta en nada”, apuntó.
“Lo otro es que estas expulsiones son criminalizadoras. Se hacen mezcladas: las que tienen que ver con órdenes judiciales con las que tienen que ver con expulsiones administrativas. Entonces, se presenta a personas normales como supuestos delincuentes o condenándolas por el solo hecho de migrar”, agregó.
Por otra parte, Eduardo Cardoza indicó que, nuevamente, el Gobierno recurre a una técnica que se viene repitiendo durante los últimos meses, es decir, hacer las notificaciones el viernes por la noche cuando es mucho más difícil ejercer el derecho al debido proceso. En ese sentido, indicó que existe una decisión política detrás de esa acción, lo que ya ha sido cuestionado por diferentes instancias internacionales, porque no se tiene una consideración con las personas migrantes.
“Se las expulsa sin tener en cuenta los contextos y el estudio de cada uno de los casos, que es lo que corresponde. Hay que tener en cuenta que la expulsión es una medida extrema que genera, tanto en la persona como en su familia, una situación grave. Además de lo que sicológico que implica, se rompe toda una idea de vida que se había establecido y se las devuelve a su país de origen, a la situación en que estaban, la situación que los forzó a salir del país. Eso tiene consecuencias cuando las personas tienen familias e hijos o rehicieron en parte su vida”, comentó.
“Esto es un maltrato de las personas, una cosificación al punto de que es denigrante. Estas personas no se van a olvidar de lo que vivieron en Chile, porque son personas que se les trató como delincuentes y no lo son. Se los separa de sus familias y sus niños y eso, que se haga en nombre de los derechos humanos, por favor. Las argumentaciones dan para poco”, puntualizó Cardoza.
Finalmente, el secretario ejecutivo de MAM indicó que como organización continuarán insistiendo respecto de los derechos que se vulneran frente a las expulsiones masivas: “No nos vamos a cansar, no nos vamos a resignar a que se violen los derechos humanos en frente de nuestras caras. Evidentemente, la responsabilidad es del Estado”, cerró el dirigente.
(Fuente: Radio y Diario Universidad de Chile). (Foto: Aton).
