Durante la tarde de este sábado los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Antofagasta, expresaron su rechazo y preocupación por los diferentes eventos de detención, deportación y hostigamiento que ha sufrido la población migrante del Norte Grande por parte de la Administración del Estado.
A través de una declaración pública, los obispos recuerdan que desde febrero del presente año “hemos observado con mucho pesar las situaciones de detención y deportación que han sufrido personas migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana. Con especial alarma hemos escuchado el anuncio del Gobierno que se llevarán a cabo 15 vuelos de deportación durante el 2021, el primero de los cuales tristemente se materializó el día 25 de abril del presente en la ciudad de Iquique”.
Alertan que los operativos se han replicado este viernes y sábado, fijándose una deportación para el domingo 6 de junio, donde se trasladarían a los detenidos desde Santiago y otras localidades a Iquique, para finalmente ser conducidos a Venezuela, asegurando que “hemos tomado conocimiento que los actuales procesos de detención y deportación han adolecido de importantes vicios de legalidad”.
“Como Obispos de la Iglesia Católica en el Norte Grande pedimos el respeto al imperio de la Ley que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado, más aún, cuando se trata de medidas que afectan la libertad ambulatoria de las personas que habitan el territorio nacional. Un proceder ajustado a derecho no es una opción en un Estado democrático como es la República de Chile, independiente si las personas involucradas son nacionales de otros países. Así lo ha comprendido la Excma. Corte Suprema que ha manifestado reiteradamente la ilegalidad de los actos administrativos que expulsan a las personas migrantes y la forma en que su materialización se ha llevado a cabo”, recalcan en la declaración.
Además, se enfatiza que las deportaciones se están realizando dentro del plazo que la nueva Ley de Migración y Extranjería establece para que las personas migrantes que hayan cometido ingreso clandestino salgan voluntariamente del país. “Deportar a las personas en este escenario es convertir el contenido del artículo 8° transitorio en letra muerta. Más aun cuando las fronteras terrestres del país se encuentran cerradas y las condiciones para salir de Chile a otros destinos siguen siendo sumamente difíciles y costosas a causa de la pandemia”.
Finalmente, los pastores expresan su especial preocupación porque la mayor parte de las personas afectadas por las medidas son de nacionalidad venezolana, “quienes en su mayoría han salido de su país de origen en condiciones prácticamente forzosos, convirtiéndose en personas que requieren especial protección por parte de los organismos internacionales y ciertamente nuestro país”, por lo que se exhorta la búsqueda de caminos viables y humanitarios que permitan que Chile y el resto de los países de la región puedan asumir la realidad que vive el subcontinente.
Orando para que Chile sea un país acogedor “una tierra donde los hermanos que llegan puedan seguir teniendo esperanza”, firman la declaración los obispos Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta; Moisés Atisha Contreras, Obispo de San Marcos de Arica; Guillermo Vera Soto, Obispo de Iquique y Óscar Blanco Martínez, Obispo de San Juan Bautista de Calama.
(Fuente: Comunicaciones CECh e Iglesia.cl).
