Hay una cifra que resume el momento mejor que cualquier indicador macroeconómico: el 79% de los trabajadores en Chile dice que su sueldo le alcanza para dos semanas o menos, dos puntos más que en 2025. Es una encuesta de una plataforma de empleo, no una estadística oficial, pero describe lo que se conversa en cualquier mesa de la región: el mes es largo y la plata, corta.
Los precios ayudan a entender por qué. La canasta básica de alimentos superó los $90 mil por persona en marzo, y en julio llegó a $91.220. Los alimentos suben 4,3%, por sobre el IPC general de 4,1%, y el gasto en supermercados crece 4,2%: está prácticamente plano en términos reales, cuando hace un año avanzaba 5,7%. Los hogares no dejan de comprar: ajustan. Buscan ofertas y formatos más pequeños, y los jóvenes de 18 a 24 años recortan su gasto muy por debajo del promedio.
Todo esto ocurre en una región donde, según el INE, la desocupación llegó a 9,9% entre julio y septiembre, 1,4 puntos más que hace un año. A nivel nacional el INE registra 9,8% y más de un millón de personas desocupadas, con una caída de los asalariados formales de 2,5%. En Valparaíso, el trimestre junio-agosto superó las 106 mil personas sin trabajo.
La respuesta del gobierno ha sido el ajuste. El Presupuesto 2027 crece solo 1,5% y busca bajar el déficit estructural de 2,8% a 1,8% del PIB. A las regiones les toca pagar parte de la cuenta: la propuesta contempla una rebaja de alrededor de $250 mil millones para los 16 gobiernos regionales, de los cuales cerca de $17 mil millones corresponderían a Valparaíso. Y ese recorte llega sobre una caída ya consumada: según la ejecución presupuestaria de Dipres a julio, la inversión pública en la región es $50.243 millones menor que un año antes, con $27.551 millones menos en salud, $21.118 millones en el Gobierno Regional y $1.574 millones en educación.
En economía, lo que la gente espera importa tanto como lo que ocurre. Una familia que teme perder el empleo posterga compras, y una empresa que ve menos demanda posterga contrataciones. La confianza empresarial estuvo en nivel pesimista en julio, con 43,6 puntos; en septiembre subió a 49,4, todavía bajo los 50. Un Estado que anuncia recortes en pleno deterioro del empleo no ancla expectativas: las deprime. Uno que invierte las ordena, porque dice que alguien sostendrá la actividad mientras el sector privado se recupera. Y el propio ministro de Hacienda anticipó que los Imacec negativos continuarán en los próximos meses por la minería. Si el gobierno espera más debilidad, necesita políticas contracíclicas.
Y las alternativas existen. La más interesante es la del diputado Luis Cuello: un royalty portuario de US$1 por tonelada de carga, dividido en 50% para los gobiernos regionales y 50% para los municipios donde están los puertos. Es una compensación razonable por el uso del borde costero y sus externalidades, y tiene una virtud poco frecuente: financiaría inversión local de forma permanente. Con la carga de 2025, recaudaría unos $32.572 millones al año en nuestra región y podría sostener cerca de 1.100 empleos. A esa idea se suman otras igual de concretas: reactivar el tren Santiago-Valparaíso y el teleférico a Placilla, incorporar 150 buses eléctricos y construir un electroterminal en San Antonio. En conjunto, las estimaciones de impacto, hechas con la ejecución de Dipres y el multiplicador de la matriz insumo-producto del Banco Central, apuntan a unos 7.500 empleos anuales, lo que bajaría el desempleo regional en 0,7 puntos. Más de dos tercios del costo vendría de concesiones y del propio royalty, no del presupuesto fiscal.
El problema no es contable, es doctrinario. Insistir en que el ajuste, por sí solo, devolverá la confianza es un dogma neoliberal. Cuando la demanda cae, recortar el gasto público reduce actividad, recaudación y empleo, y termina agravando el problema fiscal que dice resolver.
A este gobierno hay que decirle algo simple: detrás de cada punto de desempleo hay una familia que hace cálculos en la cocina, un sueldo que no llega a fin de mes y una canasta que cada mes cuesta más. Los números fiscales importan, pero no son el fin. Es hora de que el gobierno empiece a pensar en las personas, y en Valparaíso eso significa más inversión, no menos.
Maycol Nicolás Gomez Vergara
MBA PUCV – Ingeniero comercial
Director Área Económica -Contenido Publico
