El proyecto que permitirá el uso tobilleras electrónicas en quienes sean formalizados por violencia intrafamiliar y tengan prohibición de acercarse a la víctima, así como en ciertas causas de familia, ya es una realidad, y se proyecta el comienzo de su instalación para los primeros meses del año 2022, según explicó el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, José Tomás Bartolucci.
Después de su despacho por parte del Congreso, esta ley entrará en vigencia en distintas etapas, para poner en marcha el monitoreo telemático a través del cual se busca prevenir agresiones y asesinatos de mujeres que ya han denunciado ser víctimas de casos de violencia.
En la legislación actual, el uso de tobilleras electrónicas puede ser aplicado en personas condenadas, sin embargo, no se encuentran contempladas para quienes se encuentren en calidad de imputados, lo que dificulta la efectividad de la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima durante la fase investigativa, asunto que atiende esta nueva ley cuyo monitoreo telemático estará a cargo de Gendarmería de Chile.
El seremi Bartolucci, señaló que “respecto de la fiscalización y supervisión del uso de la tobillera electrónica, esta va a ser entregada a Gendarmería de Chile, organismo que ya cuenta con experiencia en esta materia, particularmente en lo que está relacionado con el cumplimiento de las penas sustitutivas. En definitiva, un organismo que ya cuenta con toda la tecnología, el conocimiento y la expertiz para realizar el monitoreo telemático 24/7 para hacerse cargo del uso de las tobilleras electrónicas en quienes sean formalizados por violencia intrafamiliar y, en consecuencia, pueda realizarse un monitoreo efectivo que permita dar oportuno aviso a la víctima y a Carabineros de Chile”.
La autoridad dijo, además, que se ha establecido un plazo de 6 meses contados desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, como lapso mínimo, para llevar a cabo la contratación pública, así como para ejecutar la implementación necesaria que permita poner en marcha la operación del sistema en los casos que lleven los tribunales de familia.
“La entrada en vigencia de esta ley, de todas maneras, supone un periodo de vacancia, ya que es necesario adquirir la implementación para poder dotar a los juzgados de las herramientas para hacerla efectiva y, en consecuencia, a partir del mes de febrero del año 2022, los juzgados de familia van a poder decretar el uso de estas tobilleras electrónicas y, a partir de junio del año 2022, a su vez, los juzgados de garantía van a estar plenamente capacitados y habilitados para poder decretar el uso de las tobilleras electrónicas que van a permitir darle mayor protección a las mujeres tras la prohibición de acercamiento que se decrete en un juzgado de la República”, indicó Bartolucci.
Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Valparaíso, Valentina Stagno, por su parte, se agregó que “de los femicidios consumados ocurridos en 2020, 8 agresores tenían medida cautelar de alejamiento, lo que equivale a cerca de un 19%. Sabemos que el fortalecimiento del cumplimiento de medidas cautelares es urgente y, por eso, es que esta ley es tan valiosa, porque, además, va a permitir que más mujeres se sientan algo más seguras de hacer las denuncias y, también, de esta manera, se incentiva el importante llamado a denunciar. Hoy día son las instituciones quienes pueden interrumpir un hecho de violencia que puede terminar con la vida de una mujer”.
La ley contempla la creación de la Comisión Para la Elaboración de Proposiciones Técnicas Para el Seguimiento y Evaluación de los Casos de Violencia Intrafamiliar, coordinada bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género e integrada por la o el Subsecretaria (o) de dicho Ministerio, quien la presidirá; y por representantes del Ministerio Público; del Poder Judicial; de la Defensoría Penal Pública; de Carabineros Chile; de la Policía de Investigaciones de Chile; y de la Subsecretaría de Interior.
La Comisión tendrá por objetivo principal hacer propuestas para el diseño uniforme de los criterios de la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo, con base en la cual se emiten los informes de riesgo de cada caso, necesarios para la imposición de las medidas de prohibición de acercamiento, tanto en casos de tribunales en lo penal como de familia
