Un fuerte golpe recibió la política en Valparaíso tras el Informe Final 151-2025 de la Contraloría General de la República que detectó un desorden financiero cercano a los $18 mil millones en el municipio, lo que llevó a los concejales a exigir explicaciones a la actual alcaldesa Camila Nieto por las anomalías heredadas de la administración anterior y por la continuidad de funcionarios nombrados en el informe.
El documento del ente fiscalizador da cuenta de recursos municipales transferidos sin respaldo, fondos que no fueron correctamente rendidos ni contabilizados, además de giros bancarios, depósitos no registrados y cheques vencidos, lo que según Contraloría “impide tener tener certeza final de donde terminó ese dinero”.
Los concejales de distintos sectores plantearon que la actual jefa comunal debe pronunciarse con claridad sobre lo dicho en el informe, especialmente considerando que Camila Nieto fue concejala y presidenta de la Comisión de Finanzas durante el período en que se originaron varias de estas irregularidades.
El edil Dante Iturrieta (UDI) hizo un llamado “a la alcaldesa Camila Nieto a que tome las precauciones pertinentes, así como las observaciones que hace la Contraloría, y cumpla con los plazos que da para esclarecer algunos asuntos y poder llegar hasta el fondo”.
En la misma línea el concejal Leonardo Contreras sostuvo que el informe muestra una evidencia grave de control financiero, destacando que “ Camila Nieto fue concejala en el periodo anterior y no cualquier concejala, fue presidenta de la Comisión de Finanzas, precisamente la que debía fiscalizar estos aspectos que hoy día nos está dando a conocer la Contraloría”.
Desde el congreso la diputada, Camila Flores (RN), también apuntó al municipio, señalando que existen dineros sin respaldo y movimiento que no cuadran. “No estamos frente a simples equivocaciones, sino ante una forma de administrar que huele mal y que vulnera gravemente los principios básicos de la probidad”.
Por otro lado, la Contraloría ordenó la apertura inmediata de sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, lo que podría escalar el caso a instancias penales mientras crece la presión para la alcaldesa Camila Nieto entregue explicaciones públicas y las medidas que va a tomar.
