Por Mirian Mondaca Herrera
Una seguidilla de hechos de violencia con el uso de armas de fuego se han registrado durante las últimas semanas en la región, lo que se ha convertido en una situación que claramente ha aumentado la sensación de inseguridad entre los habitantes de la zona, más aún, si se considerada que ya no solo ocurren cuando cae el sol y en sectores apartados de las ciudades. De hecho, el reciente fin de semana tuvo el triste récord de tres balaceras en menos 24 horas, una de ellas, la que dejó como resultado un hombre fallecido en Playa El Sol de Viña del Mar.
La problemática de las balaceras no es exclusiva de la Región de Valparaíso, ya que se han visto hechos similares en distintos puntos del país, sin embargo, en la zona surgen voces que atribuyen la mayor frecuencia de estos hechos delictuales a una inadecuada gestión del Gobierno central en la zona.
Sin duda, el homicidio que ocurrió en la playa viñamarina la tarde del domingo causó impacto, no solo por la brutalidad del hecho sino que también por haber sido cometido a plena luz del día y en un sector turístico.
En ese sentido, la concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz, señaló que «la escalada de violencia yo la atribuyo también a estos dos últimos años del gobierno de Sebastián Piñera, que no solo ha sido un abandono en Viña del Mar, sino que a nivel país. Entendemos que la dotación ha bajado considerablemente, más de un 30% de menos dotación tenemos en Viña del Mar y eso se debe a una política pública».
En esa línea, la edil apuntó directamente sus dardos en la zona a la figura del delegado presidencial, Jorge Martínez, de quien opina que «no ha sido la más positiva». Es más, añadió, que «vemos que falta iniciativa en ese cargo. Yo solamente siento que la figura del delagado presidencial aparece cuando el gobernador Mundaca se refiere a ciertos términos y él viene y le responde, pero no ha hecho una política preventiva en la región. Creo que esa figura se debe eliminar o creo que el cargo de delegado presidencial le ha quedado grande al señor Martínez».
Una opinión similar en relación a la problemática de la inseguridad es la que tiene la presidenta de la UNCO Forestal, Claudia Espinoza. Es tal el clima hostil que existe, que incluso dos voluntarios de la agrupación que se encontraban realizando una actividad de recuperación de espacios en el sector a fines de diciembre resultaron con algunas lesiones tras ser atacados con balines por sujetos desconocidos que se trasladaban en un automóvil.
«En Viña del Mar ha aumentado notablemente, a distintas horas del día. Estábamos acostumbrados a tener ciertos episodios muy puntuales a ciertas horas de la madrugada, pero ahora es a cualquier hora del día, sin importar que estén en plazas, en la calle, si hay público o no. Eso ha sido sumamente preocupante. La mala gestión de Gobierno, la mala gestión municipal. poca preocupación también puede ser», enfatizó Espinoza.
En el caso de la actual gestión municipal, la dirigenta sostiene que aún es muy pronto para hacer una evaluación acabada, debido a que la alcaldesa Macarena Ripamonti y su equipo de trabajo solo llevan algunos meses en su labor. No obstante, la problemática que observa -señala- se arrastra desde la anterior administración de Virginia Reginato.
Sin embargo, en relación a la labor del Gobierno central, encarnado en la zona por el delegado presidencial regional, Jorge Martínez, recalcó que «él maneja con estadísticas y la vida no es estadística. Él trabaja con estadística de denuncias, la gente está asustada a hacer denuncias y eso no es una buena pega que está haciendo. Esta esperando que pasen los meses y sacarse la mochila, que lamentablemente no dio abasto». A su modo de ver, es clave que las autoridades competentes escuchen a las juntas de vecinos y organizaciones sociales.
«Modelo neoliberal lleva al extremo»
En medio de esta creciente ola de hechos de violencia en la región, el abogado y académico, Alejandro Chaparro, realizó un análisis de la situación y, en parte, lo atribuyó al modelo económico actual. En ese sentido, el jurista indicó que «sin lugar a dudas existe en nuestro país una crisis de seguridad y la razón de ella es muy variada. La primera, estamos viviendo un modelo de sociedad que no resiste más. El modelo neoliberal lleva al extremo a la persona humana y genera odiosidad y violencia. Las personas se encuentran amargadas y cansadas. A lo anterior se suman razones de carácter económicas como la pobreza y el desempleo, la falta de posibilidad de mejoramiento de las condiciones económicas de las personas y la falta de oportunidades».
Es por eso que el docente argumenta que la delincuencia es un problema estructural, que se debe atacar desde el fondo y no solo preocupándose de los síntomas que reflejan el estado de la situación actual. «La delincuencia no se combate solo con una persecución eficiente de la persona del delincuente. La solución es de fondo: mejorar la calidad de vida de las personas. El delito se combate con educación, con trabajo digno, con mejores poblaciones, con espacios para el deporte y la recreación en los barrios e incluso con la regulación jurídica del consumo de marihuana», remarcó el abogado.
Adhiriendo a lo expresado por Díaz y Espinoza, Chaparro también atribuyó los hechos de violencia a la labor desarrollada por las actuales autoridades, representantes del Gobierno central en la región. «La gestión en materia de seguridad pública por parte de la autoridad responsable ha sido lamentable. En el estallido social, por razones políticas se entregó Valparaíso al lumpen. Eso lo pudimos ver aquellos que trabajamos en Valparaíso, pero vivíamos en otras comunas. En Viña y Concón notabas la presencia policial, mientras Valparaíso vivía el total desamparo. Con la pandemia, Carabineros prácticamente desapareció en las labores de orden y seguridad, ni siquiera se ve a Carabineros haciendo controles de velocidad», señaló el abogado.
«La prioridad de la autoridad política hoy es la represión a los manifestantes, mientras en las poblaciones sus habitantes están abandonadas a su suerte. La seguridad pública por Ley se encuentra radicada en el Ministerio del Interior y en la región en los delegados presidenciales y no en los alcaldes y alcaldesas, como se ha pretendido endosar», finalizó.
