Una denuncia ante la Contraloría General de la República fue presentada por el diputado por el distrito 7, Andrés Celis Montt, debido a una serie de presuntas irregularidades en el Instituto Nacional del Deporte (IND) Región de Valparaíso.
De acuerdo a los antecedentes que se han podido recopilar, al interior del organismo existe la presencia de funcionarios con vínculo de parentesco y dependencia jerárquica, lo cual ya se había constatado hace un par de años.
De hecho, en febrero del año 2019, ya se había presentado una denuncia ante el órgano contralor por diversas irregularidades en la contratación de los servicios de producción y ejecución de eventos, sumado a la comprobación de una relación de íntima amistad del dueño de la empresa adjudicada y dos funcionarios de IND, Gonzalo Herrera (Encargado de Planificación) y su esposa, Francis Rivera (Encargada de Actividad Física).
En esa ocasión, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió un informe que determinó la improcedencia que ambos funcionarios cumplieran labores de dependencia jerárquica, exigiendo que el IND tomará los resguardos necesarios para que este tipo de hechos no volvieran a ocurrir. A su vez, se cuestionó la relación de amistad con una de las empresas que se adjudican los servicios de eventos, debido a una posible intervención de los procesos de compra.
Pese a este dictamen, en abril del 2021, Gonzalo Herrera Baquedano es nombrado como jefe (S) del Departamento de Deporte y Participación Social del IND Nacional, donde toma control del presupuesto Nacional del Programa Deporte de Participación Social.
Paralelamente, su esposa, Francis Rivera Muñoz, en noviembre del 2021, es designada como Analista de Participación Social, Coordinación de Eventos Deportivos, de la Unidad de Actividad Física y Deportes del IND región Metropolitana. Todo respaldado por el Director IND Región Metropolitana, Luis Oliva González, pese a estar en pleno conocimiento del vínculo matrimonial de ambos funcionarios.
«Es sumamente complejo que se nombre a una persona que tendrá a su cargo las licitaciones sobre eventos deportivos o recreativos destinados a personas privadas de libertad, lo cual dependerá exclusivamente del presupuesto que ordene el Jefe de Departamento de Deporte y Participación Social, quien es su cónyuge. Existe una incompatibilidad y manifiesta falta de transparencia, sumado a que ambos funcionarios, a pesar del vínculo de parentesco y el dictamen de Contraloría el 2019, continúen desempeñando labores en relación de jerarquía y ligadas a contrataciones», explicó el diputado Andrés Celis Montt.
El parlamentario agregó que espera que estos nuevos antecedentes puedan ser la base para iniciar una investigación en profundidad por las presuntas irregularidades denunciadas, considerando que conforme al artículo 1º de la Ley 10.336, entre las atribuciones de la Contraloría General de la República, está el fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del fisco, de las Municipalidades y de la Beneficencia Pública; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo fondos o bienes de las entidades indicadas y de los demás servicios o instituciones sometidos por la ley a su fiscalización y la inspección de las oficinas correspondientes.
