El 28 de abril la Empresa Portuaria de Valparaíso deberá concurrir hasta el 5º Juzgado Civil para presentar los antecedentes que se les ordenó exhibir en el contexto de la acción judicial que a inicios de marzo de este año interpuso el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores del Muelle Sudamericana (SIPSA); como medida preparatoria de la acción indemnizatoria que se persigue en contra de la estatal en razón del incumplimiento del acuerdo que selló su salida del puerto de Valparaíso en el año 2013.
Cabe recordar que los demandantes corresponden al más antiguo de los sindicatos de pescadores artesanales que desempeñaron sus actividades en el llamado ex muelle de la Sudamericana hasta el año 2013, luego que la Empresa Portuaria de Valparaíso, bajo la promesa de construir el Terminal 2, decidiera removerlos de su asentamiento tradicional para trasladarlos con un carácter transitorio hasta la caleta El Manzano de Quintero, por medio de un acuerdo de 8 años que concluyendo el pasado agosto de 2021, dejó pendiente entre otros incumplimientos, la construcción de una caleta definitiva en la bahía de Valparaíso, según señalan los pescadores artesanales, sumado a un total abandono que denuncian desde hace varios años a la fecha.
En esta audiencia, la Empresa Portuaria de Valparaíso deberá exhibir balances comerciales; contratos de concesiones respecto del Terminal 2 que justificaron la remoción de los pescadores en el año 2013; Actas de acuerdos de directorio que motivaron esta decisión y las medidas que se propusieron ejecutar para reparar los perjuicios que su salida les provocó; como también las resoluciones medioambientales que autorizaron la construcción del referido Terminal 2 y que tuvieron en consideración el traslado de esta caleta artesanal, entre otros antecedentes.
Como un verdadero avance para los intereses de los pescadores, calificó uno de los representantes de los trabajadores, el abogado Felipe Olea, la próxima realización de la audiencia, señalando que finalmente serán de conocimiento público los fundamentos y motivaciones que tuvo EPV para remover a los pescadores de su asentamiento natural. Refirió: “Nosotros postulamos que EPV incumplió el convenio con el que se negoció la salida de mis representados y en consecuencia, les corresponde reparar el daño que han provocado, pues para que quede claro, esto es lo mismo que ud hubiese vendido su casa y tras 8 años, aún no se le hubiera pagado la totalidad del precio. Es decir, hay algo que se debe y debe ser pagado”, sentenció el abogado porteño.
Por su parte, el tesorero del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores del Muelle Sudamericana, David Ojeda, sostuvo que «nos sentimos defraudados por EPV y en consecuencia, del Estado. No es verdad que se quiera proteger a la pesca artesanal, es una burla en las condiciones que nos tienen supuestamente trabajando. Nos quitaron nuestra caleta, y por ende, nos cortaron las manos. EPV tiene que responder por todo el daño que nos ha hecho”.
Finalmente, otro de los abogados patrocinantes de la acción, el abogado Enrique Kittsteiner, lamentó que el tribunal porteño no haya accedido en primera instancia a todas las medidas probatorias solicitadas, señalando: “Confiamos en que la I. Corte de Apelaciones enmiende la resolución de primera instancia y por ende, de lugar a las testimoniales e inspección personal del tribunal que solicitamos del lugar de los hechos. Creemos, que es importante, dejar testimonio en este momento de lo que evidenciaron, entre otros, los ex gerentes, don Harald Jaeger y don Gonzalo Davagnino, como también el actual presidente del Directorio, don Fernando Ramírez, quien asumimos pronto dejará su cargo. Un Juicio de esta naturaleza, es de lato conocimiento y por ende, es prudente pre-constituir pruebas».
