A través de declaración pública el Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por Chile Digno constatan con «gran preocupación» cómo el desarrollo inmobiliario, descontrolado, opera en los territorios rurales del país mediante «una desatada subdivisión y parcelación que afecta y compromete el desarrollo sostenible del territorio rural, la seguridad alimentaria, el patrimonio natural y cultural entre otros, en un momento en que a nivel mundial el Cambio Climático obliga a tomar medidas para proteger los recursos de que dispondrán las futuras generaciones».
Agrega el comunicado que «diversos alcaldes y organizaciones de la sociedad civil han levantado alertas en este sentido, ante la inacción o tardanza en reacción de los servicios públicos con competencias en materias de planificación del territorio y/o protección de recursos naturales y el desarrollo sostenible de las comunidades».
«Concordamos —sostienen— con la decisión y propuesta del Ministro de Vivienda y Urbanismo en cuanto a establecer una suspensión para este tipo de acciones, mientras se estudia la modificación normativa que permita y regule este tipo de desarrollos fuera de los núcleos urbanos si fuese pertinente, luego que se discutan sus alcances e implicancias».
Las acciones ministeriales
De la misma manera el Movimiento coincide con las acciones del Ministro de Agricultura «que procura tomar medidas para proteger la seguridad alimentaria de nuestro país, ante la ocupación descontrolada de suelos de alto valor agrícola y la protección de espacios naturales con bosque nativo afectados por la creciente ‘urbanización de lo rural’, afectaciones a áreas de alto valor ecológico y desplazamiento de población rural, portadora de un patrimonio cultural que es necesario proteger».
Ante los grandes cambios que la sociedad exige después del Estallido Social, y la posterior instalación de un proceso constituyente que esta semana llegó a su fin y ahora queda solo esperar qué dice la ciudadanía respecto de este proyecto de Carta Magna en el Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, «es urgente abrir el debate y constituir una mesa de trabajo intersectorial y amplia, que se aboque al análisis de la ruralidad y la planificación territorial, ya que las herramientas e instrumentos de regulación disponibles son insuficientes y no resultan apropiados para su aplicación en los distintos tipos de áreas rurales y pequeñas localidades. Contamos con territorios rurales con vocaciones muy diversas, y este tipo de ocupación de parcelación profusa con predios de media hectárea atenta contra esas vocaciones».
Para los arquitectos de este organismo «la fragmentación descontrolada afecta indistintamente a la gran y pequeña agricultura, en especial a los sitios SIPAM FAO-Unesco, trastocando la relación con la tierra, los ritmos de la naturaleza, ríos y mareas; los nexos profundos de comunidades locales con el bosque, el mar, los cerros, aquello que nutre y otorga sentido a la identidad local. Y si perdemos el bosque, el acceso al territorio, los ríos, lagos y mar, perdemos la esencia».
«La aplicación del DL 3.516 para dividir predios rústicos, sin mayores cuestionamientos, ha dado origen a las llamadas ‘parcelas de agrado’ y hoy vemos que el rubro inmobiliario encontró un nicho de negocio en este mercado desregulado, parcelando suelos de alto valor agrícola, bosque nativo, áreas de riesgo volcánico, turberas, etcétera», anotan.
Parcelaciones
Enfatizan que gran parte de estas parcelaciones no cuentan con acceso a recursos hídricos para asentar población ni infraestructura adecuada, «por lo que estas intervenciones, por el tamaño de cada proyecto o por la suma de ellos por agregación, generan crecientes externalidades negativas como: pérdida de suelo silvoagropecuario que compromete el desarrollo de un sector productivo de alto valor; la seguridad alimentaria no se puede lograr sin la protección de los suelos de mayor valor productivo; las formas tradicionales de vida en el campo constituyen un valor social y diversas políticas públicas se orientan a su fortalecimiento; la falta de integración social armónica de todos los sectores de la nación y el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional resulta distorsionada.
Además de «la ocupación irracional des territorio termina imponiendo que decisiones particulares carguen demandas falaces sobre el sistema público de provisión de infraestructura, equipamiento, transporte, etc».
«Debemos relevar el rol del Estado en materias de bien común, en razón de las consecuencias fatales tanto al medio ambiente, como al habitar de las comunidades, su cultura local y forma de ocupación del territorio, ante la llegada abrupta y descontrolada de nuevos habitantes y sus modos de habitar», propone el Movimiento.
«Debe normarse con urgencia este negocio descontrolado que roza la ilegalidad, ofreciendo ´plusvalías garantizadas´, refugio de inversión y otros, alterando en gran medida la función social del suelo, producto de la desatada especulación inmobiliaria, que da pie además a ocupaciones densas mediante la fraudulenta venta de ‘derechos’. Se requiere una ocupación territorial racional, respetuosa de las formas de vida, los recursos naturales y que sea sostenible», expone.
Y concluye: «Debemos tomar conciencia de que, al seguir por esta vía, no nos quedará más que un territorio reducido a pequeños trocitos que se ofrecerán a incautos con la promesa ser parte de un entorno natural que ya no lo será más».
